El presidente argentino quiere controlar la Justicia para evitar que Kirchner entre en prisión

Fernández, en su discurso de inauguración del período de sesiones legislativas, no se anduvo con rodeos: «Quiero pedir al Congreso que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial» . Pocas palabras más se necesitaban para entender que el Estado de Derecho, oficialmente, era una quimera. No obstante, el presidente justificó esa petición «no para interferir en sus decisiones (de la justicia), sino para cumplir» con el papel que, a su juicio, le da la Constitución.

En menos de 24 horas el exjefe de los servicios de Inteligencia (Agencia Federal de Inteligencia) , exprocesado y actual senador Oscar Parrilli anunció la creación de una comisión bicameral para que «la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie». Si no fuera por su trayectoria, hasta habría sonado verosímil. Pero los argentinos saben que la verdadera razón de este ataque a la judicatura, en forma de presunta reforma (nada fácil de ejecutar), son los fallos contra los presuntos testaferros de Néstor Kirchner; contra Amado Boudou, exvicepresidente que se apropió de la fábrica de papel moneda que imprimía a destajo los billetes de mayor valor en circulación y las sentencias condenatorias ratificadas contra otros miembros de aquel selecto grupo de miembros de los gobiernos ‘K’ que se enriquecieron a costa del erario público.

Fernández también anunció, entre otras medidas, la creación de un «tribunal intermedio» a la Corte Suprema , nuevos mecanismos de elección del Consejo de la Magistratura, equivalente al Consejo General del Poder Judicial, y luz verde a los juicios con jurado para «delitos federales». El objetivo será evitar que sean «los jueces» los «que hagan de la ley lo que les plazca». Con un desprecio a fiscales y magistrados, únicamente visto y oído en la Casa Rosada en la época del matrimonio de ‘Néstor y Cristina ’, el presidente de Argentina, sangró por la herida de los caídos por corrupción que fueron sus compañeros cuando era jefe de Gabinete de Kirchner y de su viuda. «Las reformas -anunciadas- no procuran un mejor acceso o funcionamiento de la justicia, tampoco su transparencia o el acortamiento de los plazos judiciales», observa la abogada y profesora de la Universidad de Buenos Aires de Derecho (UBA), Marta Nercellas.

De acuerdo a su interpretación, la virtual intervención del Legislativo en el Poder Judicial «transgrede la normativa» y «desarticula el nuevo Código Procesal» con lo que el efecto es el contrario al presuntamente deseado al «hacer eternas las investigaciones». Respecto a la creación de tribunales intermedios, Nercellas entiende que los anuncios no tienen como fin «colaborar con la Corte (Supremo) sino vaciarla de poder y prolongar los procesos para que terminen siempre con el sobreseimiento por muerte».

La embestida contra la Justicia, última resistencia al poder omnímodo del kircherismo es consecuencia también por el aviso para navegantes o para la ‘capitana’ en la sombra del Gobierno. La vicepresidenta siente, con los fallos contra los suyos, que se le escapa su objetivo, evidente, de sacudirse los juicios por corrupción que la persiguen (a sus hijos también). Su meta verdadera, observan sus leales, es evitar poner un pie en la cárcel gracias a sus fueros.

Roberto Gargarella, jurista y sociólogo, no se tomó «demasiado en serio» las declaraciones del presidente. «En términos jurídicos -observo en radio Mitre- resulta insólito optar por la confrontación directa con la Justicia», apunta. La única explicación que encuentra es querer «satisfacer a la vicepresidenta». En cualquier caso, lo considera una «sobreactuación» de Fernández pero entiende «preocupante» el «tono» y «la dirección» elegida.