El PP europeo y los liberales piden la dimisión del primer ministro maltés por el asesinato de la periodista Daphne Caruana

Muscat anunció que dimitiría de forma efectiva a partir del 12 de enero después de que su jefe de gabinete y amigo íntimo, Keith Schembri , fuese acusado de ser el cerebro del crimen que acabó con la vida de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017, cuando ésta investigaba los nexos de corrupción en las altas esferas maltesas.

«Cada día que permanece en su cargo es (...) una ofensa a la memoria de Daphne Caruana, y una bofetada en la cara de miles de malteses que están pidiendo justicia y verdad», afeó el eurodiputado del Partido Popular (PP) español Esteban González Pons durante un debate sobre el asunto en el PE.

La misma postura compartió la eurodiputada de Renovar Europa Sophie in 't Veld , que encabezó a principios de este mes la misión de la Eurocámara al país isleño y tras este viaje advirtió de su preocupación por «serias deficiencias y amenazas al Estado de derecho».

«Lo que vimos no nos tranquilizó. Me preocupa la falta de sentido de urgencia que observo en el Consejo y en cierta medida también en la Comisión. Estamos hablando de delincuentes dispuestos a matar. No les va a impresionar una respuesta diplomática», advirtió la diputada holandesa.

La Unión Europea (UE) «no puede permitir que un país caiga en la ruina económica, ¿cómo podemos aceptar que un país caiga en la ruina moral?», se preguntó González Pons.

Otros grupos más pequeños, como los Verdes o la Izquierda Unitaria Europea, advirtieron de un problema a mayor escala tanto en Malta como la UE y pidieron que se aborden las cuestiones sobre el Estado de derecho.

«Que nadie se llame a engaño por las detenciones que ha habido: hay todavía acusaciones de corrupción que suben hasta los más altos niveles del Gobierno», advirtió Sven Giegold (Verdes), mientras que Stelios Kouloglou (Izquierda Unitaria Europea) advirtió de que Malta es un «síntoma» de que «algo está podrido en la UE».

Varios eurodiputados socialistas, la familia política del actual Gobierno maltés, trataron de pedir cautela y señalaron que los cambios en el sistema judicial que se han recomendado para mejorar la separación de poderes están en proceso.

«Estamos comprometidos para que las reformas continúen y que esto se haga rápido para que no quepa ninguna duda sobre la imparcialidad de las instituciones», señaló la socialdemócrata maltesa Miriam Dalli , que pidió que el Parlamento Europeo no «prejuzque» la situación, algo que consideró «contraproducente» para las investigaciones en marcha.