La pandemia golpea los centros para ilegales en California

El centro de inmigrantes con más contagiados es el de Otay Mesa, una comunidad al sur de San Diego que hace frontera con la ciudad mexicana de Tijuana. A finales de mayo había 233 detenidos infectados, además de 29 empleados de CoreCivic, la empresa privada que administra el centro. Asimismo, Otay Mesa fue donde falleció el primer inmigrante infectado por Covid-19 bajo custodia del gobierno federal. Se trataba de Carlos Ernesto Escobar Mejía, un salvadoreño de 58 años que intentó entrar en EE.UU. para reunirse con sus familiares. «No han dado máscara a todos los detenidos, tampoco cumplen los requisitos de distancia mínima y no proveen la asistencia sanitaria necesaria», dice Enrique Morones, director de Gente Unida, una ONG ubicada en San Diego.

Muchos de los detenidos de Otay Mesa son refugiados o solicitantes de asilo que están en prisión a la espera de que llegue su cita judicial. Sin embargo, la crisis sanitaria ha ralentizado los procesos judiciales en Estados Unidos, lo que provoca que miles de peticiones de asilo se acumulen en los juzgados. Esta situación hace que los inmigrantes tengan que pasar más tiempo encerrados en unos centros donde el coronavirus se expande como un incendio en la sequía. «Una demora en el proceso judicial es ya una condena, porque están continuamente expuestos al virus», comenta Morones a ABC.

«Aquí en Otay Mesa hay muchos que están ya enfermos. Nadie viene a explicarnos lo que está pasando allá afuera en el mundo. Tenemos mala alimentación. No somos animales», dicen algunos de los inmigrantes de este centro de detención en una serie de audios divulgados en abril por Pueblos Sin Fronteras, una ONG enfocada en la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones no gubernamentales como Pueblos Sin Fronteras y el Comité de Amigos Americanos han pedido al gobernador de California que investigue la situación y haga responsable a CoreCivic de los posibles daños de salud que puedan sufrir los inmigrantes.

Muchos de los detenidos son menores de edad que intentan adentrase en Estados Unidos sin compañía de sus padres, asegura Morones. «Van al norte para escapar de la violencia, pero luego las autoridades los regresan a sus países donde vuelven a ser víctimas de las bandas criminales», dice el activista. Al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido devueltos a sus países desde EE.UU. a México y Centroamérica desde inicios de marzo, según Unicef.

«Unicef alerta de que se están perpetrando actos de violencia y discriminación contra los repatriados , a los que se percibe como infectados por la enfermedad», señaló la organización en un comunicado. Según Unicef, que forma parte de Naciones Unidas, hay zonas de Honduras y Guatemala donde se prohíbe la entrada a los deportados para tratar de frenar la expansión de la enfermedad. Antes de la pandemia, se calculaba que unas 500.000 personas cada año salían de Centroamérica rumbo al norte. La razón principal por la que las personas emigran de El Salvador, Honduras y Guatemala son sus altos niveles de violencia, que se encuentran entre los más elevados del mundo.

EE.UU. es el país con la población carcelaria más grande del mundo. Al menos 29.251 presos han dado positivo por Covid-19 , es decir, aproximadamente un 1,4% de las 2,2 millones de personas encarceladas en las prisiones estadounidenses.

Hasta el momento, 1,7 millones de personas en EE.UU. han contraído la enfermedad, mientras que alrededor de 104.500 han fallecido.