Moción de censura contra Hollande tras aprobar la ley laboral por decretazo

Cuarenta diputados socialistas, una veintena de diputados ecologistas, izquierdistas y comunistas, más una docena de diputados de centro derecha presentaron 4.640 enmiendas a un proyecto de Ley del Trabajo (reforma laboral) que se había presentado como el Código laboral para el siglo XXI, la «gran reforma» del mandato presidencial de Hollande. Con esos millares de enmiendas culminaba la contestación social y política contra el proyecto de reforma laboral, tras tres meses de jornadas y manifestaciones nacionales de protesta.

El gobierno del tándem Hollande-Valls asumió cerca de 500 enmiendas desguazando la ambición reformista del proyecto de ley , y dejando en suspenso y sin contenido práctico las primeras medidas emblemáticas sobre el costo y las condiciones del despido laboral. Ni los sindicatos, ni la izquierda socialista, ni el resto de las izquierdas (ecologistas, comunistas, extrema izquierda), aceptaron como buenas las sucesivas cesiones de Hollande, y pidieron la retirada pura y simple de esa ley.

La presentación de 4.640 enmiendas tenía por objeto lanzar una guerra de guerrillas parlamentaria, con el apoyo de nuevas manifestaciones sindicales y estudiantiles. La pareja Hollande-Valls tuvo que rendirse a la evidencia: no tenían ni tienen mayoría parlamentaria para apoyar la «gran reforma» presidencial.

La Constitución de la V República ofrece al gobierno un recurso excepcional: el artículo 49.3 permite imponer un decretazo, sin voto parlamentario. Los derechos del Parlamento son derogados. Y el poder ejecutivo puede imponer cualquier reforma, haciendo caso omiso de la oposición política parlamentaria, incluso contra la voluntad de su propio grupo. Esa es la decisión que tomaron Hollande y Valls en la tarde de ayer. El primer ministro anunció ante la Asamblea Nacional que su gobierno recurre al decretazo del 49.3 para hacer pasar su proyecto de reforma. Estalló automáticamente un escandaloso griterío político.

Ante el decretazo, los grupos políticos parlamentarios tienen un recurso último: presentar un moción de censura contra el Gobierno . Si esta es aprobada, el presidente tiene dos alternativas: retirar su proyecto de reforma o disolver la Asamblea Nacional para convocar elecciones anticipadas.

El centro y la derecha se apresuraron ayer tarde a confirmar la presentación de la moción de censura contra el gobierno de la pareja Hollande-Valls. Los diputados socialistas disidentes se reunirán en cónclave este miércoles con el fin de estudiar la presentación de su propia moción de censura.

Desde la dirección del PS se ha lanzado una advertencia solemne: los diputados que voten «sí» a la moción de censura quedarán automáticamente expulsados del partido y no podrían presentarse a las próximas elecciones.

Por parte de la pareja que gobierna Francia se trata de una amenaza en forma de navaja en la yugular de los alrededor de cuarenta diputados disidentes: expulsados del PS, su carrera política quedaría truncada y sus ingresos amenazados.

A la izquierda de la izquierda, hay poco que perder. Y personajes como Jean-Luc Melenchon , líder del Frente de Izquierdas, piden a voz en grito derrocar a Hollande. Para la derecha, derribar al presidente es un objetivo estratégico. Los conservadores siguen embarcados en unas imprevisibles elecciones primarias para elegir a su propio candidato presidencial. En el centro, algunos diputados sienten la tentación de evitar el abismo, dejando en suspenso su censura. Mientras la clase política parlamentaria se encuentra dividida y fragmentada en ese rosario de familias y capillas, enfrentadas a estacazos, a la manera del goyesco modelo español del duelo a garrotazos, la Francia social y sindical sigue en pie de guerra.

Los sindicatos han convocado una nueva jornada de protesta para mañana, cuando la Asamblea Nacional debe votar a favor o en contra de la moción de censura.