La oposición impugna el proceso del chavismo para designar a los rectores del Consejo Electoral

Las autoridades del CNE estarán en sus cargos durante los próximos siete años. La oposición de Guaidó ha desconocido por su parte la elección que está haciendo el chavismo y durante una sesión virtual, el Parlamento opositor aprobó un proyecto de acuerdo para rechazar «la intención del régimen usurpador de nombrar un nuevo CNE de manera inconstitucional» . En el acuerdo han dejado en claro que la única institución que puede nombrar a la nueva directiva del Poder Electoral es la Asamblea Nacional legítima (la que dirige Guaidó).

Durante la sesión, la oposición aprobó además solicitar a la comunidad internacional que mantenga su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por el CNE designado por la Asamblea de evidente mayoría chavista. Guaidó ha destacado en su intervención la necesidad de tener un «árbitro independiente» para la celebración de elecciones libres y justas y lograr de una vez por todas el cambio político que urge en el país sudamericano: «En el Parlamento tenemos absoluta disposición para lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. Tener un árbitro independiente es central», ha dicho el líder opositor.

El diputado Freddy Guevara ha dicho también que en Venezuela no hay condiciones electorales, porque -ha explicado- los venezolanos asisten a un proceso electoral pero su voto no cuenta: «Se vota, pero no se elige». «Nosotros queremos una solución política urgente que es la que quiere el pueblo venezolano, resolver nuestras diferencias en el marco de una elección libre, pero para que eso ocurra tiene que haber un árbitro que le dé confianza a todos los venezolanos, en el que todos los actores políticos se sientan representados y ajustados a la Constitución».

La Asociación Civil venezolana Súmate impugnó también en días recientes las postulaciones para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes. La organización experta en veeduría electoral explicó que según el artículo 296 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, uno de los requisitos que debe cumplir quien se postule al CNE es no estar vinculado a organizaciones con fines políticos . En ese sentido, afirman que varios de los nombres objetados no cumplen con esta condición al estar relacionados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Hay funcionarios del poder público nacional, como el contralor general, Elvis Amoroso, designado por la inconstitucional (Asamblea Nacional) Constituyente y otros que están en cargos de confianza en direcciones de organismos nacionales y que tienen una relación de subordinación directa con el Ejecutivo Nacional», reza un comunicado difundido el mes pasado.

De acuerdo con Súmate, al menos 40 nombres son militantes del PSUV , y Amoroso es quien ha inhabilitado a un grueso de los dirigentes de la oposición, entre ellos a Juan Guaidó, por 15 años , y prohibiendo que ocupe cargos públicos en ese tiempo.

Para diciembre podrían celebrarse las elecciones regionales, para renovar los cargos de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías de Venezuela. Pero el régimen de Maduro no ha dado mayor información sobre esta nueva jornada electoral que, según la Constitución, corresponde para finales de este año. Por su parte, la oposición sigue sin responder si participará o se abstendrá en los posibles comicios. Sin embargo, la agrupación de Guaidó se ha mostrado renuente sobre el tema, precisamente porque insisten en que no hay condiciones democráticas que garanticen un proceso legítimo. La diputada Delsa Solórzano, unas de las personas más cercanas a Guaidó, ha dicho que «un proceso electoral debe tener condiciones claras: CNE independiente; cronograma electoral que lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables; observación electoral; devolución de partidos a sus legítimas autoridades; cese de inhabilitaciones».

Solórzano publicó varios mensajes por su cuenta personal de Twitter y ha sentenciado que «es claro que este proceso a través del cual el régimen pretende convocar un proceso regional, no es constitucional ni cuenta con las condiciones exigidas en el punto anterior».