Roger Martínez, durante una de las protestas
Roger Martínez, durante una de las protestas - CEDIDA
NICARAGUA

Nueve meses en la cárcel por prestar atención médica a los manifestantes nicaragüenses

Roger Martínez, psicólogo y voluntario de la Cruz Roja, afirma que tras las liberaciones de presos políticos esta semana han crecido el asedio a los expresos políticos y los secuestros

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«La bestia está herida, y cuando una bestia está herida se vuelve más peligrosa», afirma Roger Martínez, preso político excarcelado por el régimen de Ortega hace unas semanas. Este psicólogo y voluntario de la Cruz Roja, que pasó nueve meses en prisión por prestar ayuda sanitaria a los manifestantes heridos durante las protestas del año pasado, alerta del aumento de los asedios y los secuestros en Nicaragua, «además de que continúan las detenciones». Esto es consecuencia de la liberación esta semana de 56 presos políticos -entre ellos los principales líderes de las protestas-. «Hay fanáticos que no aceptan los pasos que está tomando el Gobierno de Ortega».

Martínez confiesa su alegría al conocer la liberación de 56 presos políticos el pasado martes, «con algunos de ellos he compartido celda», pero no olvida de que «queda un grupo de 87 presos políticos que todavía están encarcelados», declara a ABC por teléfono. Si bien reconoce su sorpresa inicial ante esta última liberación tan mediática, considera que el Gobierno de Ortega «está jugando a engañar. Siempre va a mantener a un grupo en prisión para agarrarse a ellos en el tema de las sanciones». Este último grupo de presos políticos debería ser liberado antes del día 18, según el acuerdo que firmó el régimen sandinista con la Alianza Cívica, una plataforma que representan a la socidad civil nicaragüense, el pasado 2 de abril.

Martínez considera que la «estrategia» y golpes de efecto que está utilizando Ortega «no van a engañar al pueblo nicaragüense ni a la comunidad internacional», con la que se muestra muy agradecido, porque cree ha sido su «presión» la que ha permitido estos últimos pasos dados por el régimen.

Libertad condicionada

Roger Martínez nunca imaginó que se convertiría en uno de los más de 700 presos políticos encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega. Detenido el 15 de julio de 2018, pasó nueve meses en prisión por haber habilitado un centro para curar a los heridos en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua, que comenzaron el 18 de abril de 2018, y que se cobraron al menos la vida de 325 personas.

Tras pasar siete meses en la cárcel La Modelo, fue excarcelado, que no liberado pues tiene que cumplir «convivencia familiar», el pasado 5 de abril. Algo que no le sucederá a los 56 presos liberados esta semana, a los que se ha aplicado la Ley de Amnistía, aprobada recientemente por el gobierno. Una ley ampliamente rechazada, por las familias de las víctimas de las protestas, por la ONU, la Unión Europea, EE.UU. y varias ONG, porque si bien otorga la «libertad completa» a los presos políticos supone un cheque en blanco para el régimen, ya que le da «impunidad» por los crímenes cometidos contra los manifestantes. «Ninguno de los responsables de las muertes ha sido investigado por estos delitos», denuncia Martínez. «Esta ley deja en el desamparo a todas las madres que han pedido justicia por la vida de sus hijos».

Roger Martínez, en el centro, conl os periodistas liberados esta semana Lucía Pinea y Miguel Mora
Roger Martínez, en el centro, conl os periodistas liberados esta semana Lucía Pinea y Miguel Mora - CEDIDA

Con una causa abierta por terrorismo, Martínez fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel el pasado mes de agosto acusado de construir explosivos y traficar con armas. Su delito real fue enfrentarse al régimen y ayudar a salvar vidas durante las protestas. «Un grupo de amigos decidimos improvisar un puesto médico donde pudieramos recibir a los chicos que venían con laceraciones a consecuencia de las bombas, que contenían esquirlas de metal, vídrios... Otros llegaban con heridas de bala», recuerda. Estos jóvenes no podían acudir a los hospitales y centros sanitarios públicos «porque se había dado una orden de no recibir a ningún herido».

En el punto de mira

La decisión de «socorrer» a estos chicos puso a Martínez en el punto de mira de los grupos oficialistas. «Fui apresado, acusado y condenado por delitos que nunca cometí», recalca. La prueba aportada por la fiscalia fue una mochila encontrada por los agentes en el centro sanitario durante un registro, después de haber atendido a jóvenes tras una protesta. En el interior había 56 chibolas (canicas), una camisa con capucha, un miguelito (un trozo de manguera con clavos para pinchar neumáticos) y varios casquillos de bala, además de un probador de luz (la bolsa pertenecía a un joven que era electricista, según explica Martínez). Sin constatar que la mochila le perteneciera a él, sin hacer pruebas de polvora y sin posibilidad de presentar ningún testigo a su favor, Martínez fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel (la fiscalía pedía ocho años).

Detenido en julio y sentenciado en agosto, tras el jucio fue ingresado en la cárcel La Modelo, centro penitenciario situado a 20 kilómetros de Managua en el que hace unos días tres presos políticos sufrieron una intoxicación por sobredosis de medicamentos tras sufrir una paliza. «No fue un intento de suicidio», aclara Martínez, sobre sus antiguos compañeros de cautiverio. También murió allí hace tres semanas el preso Eddy Montes, de nacionalidad estadounidense, tras recibir un disparo en la espalda durante una protesta en la cárcel.

Vigilados y amenazados

Martínez salió de prisión el pasado 5 de abril en una de las tandas de excarcelación negociadas por el Gobierno de Ortega con la oposición. Pero esa libertad es muy relativa. La situación que atraviesa actualmente el país, bajo una fuerte represión, mantiene la vigilancia sobre los presos políticos que han sido excarcelados. Estos reciben amenazas a través de las redes sociales de grupos progubernamentales. También existen otros colectivos, como el Consejo del Poder Ciudadano, que vigilan los movimientos «irregulares» de los excarcelados.

Dos meses después de salir de prisión, este psicólogo, autor de varios libros de autoayuda, confiesa que su experiencia le permitió sobrevivir en la cárcel y ayudar también a otros presos. «Muchos de mis compañeros se sentaban conmigo a hablar de cómo estaban viviendo esa situación. Les incentivaba para mantenerse. Sabíamos que teníamos que estar bien para sobrevivir, y tener la esperanza de que en algún momento ibamos a salir. Le encontré un próposito a mi estancia allí».

En cuanto a las condiciones que vivió en la cárcel, reconoce que había maltrato físico, psicológico y verbal por parte de los guardias. «Nos llamaban terroristas, golpistas... Querían meternos en la cabeza que no eramos presos políticos y nos insultaban diciéndonos que eramos basura, excrementos...». Martínez recuerda el 19 de febrero como el peor momento de los siete meses que pasó en La Modelo. «Hubo disparos al aire, lanzaron bombas lacrimógenos, gas pimienta. Eramos 135 presos rodeados por 400 agentes, nos golpearon y partieron la cabeza a mucha gente». Ese día, reconoce que temió por su vida.

Actualmente está escribiendo un libro -«El preso de la celda 16»- en el que narra su experiencia en la cárcel. Se muestra orgulloso de que esta lucha de «David contra Goliat» esté dando sus frutos, y espera que la comunidad internacional no ceje en su presión sobre el régimen.