El hijo de Maduro persigue en la Justicia española a la abogada Tamara Suju, que llevó al chavismo a La Haya

Nicolasito ha presentado una solicitud de conciliación previa a una querella por injurias contra Suju, de origen venezolano y con nacionalidad española, por publicar el pasado año en Twitter un mensaje en el que se sugería que pertenece a una «banda mafiosa». Suju considera que se trata de «un claro intento de intimidación a quienes denuncian al régimen y los desnudan».

Esta acción legal contra Tamara Suju ha sido promovida ante la Justicia española a través de un letrado del despacho del exjuez Baltasar Garzón , que se ha ocupado también de la defensa del colombiano Álex Saab , considerado testaferro de Nicolás Maduro padre.

El hijo de Maduro, al que se ha llegado a apuntar como posible sucesor de su padre al frente del régimen, obtuvo el pasado año un acta de diputado en la Asamblea Nacional en unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional.

En 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó entre las figuras del régimen sancionadas. «Maduro se apoya en su hijo Nicolasito y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener bajo su control la economía y reprimir al pueblo de Venezuela», afirmó entonces en un comunicado el secretario del Tesoro norteamericano, Steve Mnuchin.

En concreto, el tuit al que se refiere el escrito contra Suju, con fecha 21 de enero de 2021 y que sigue activo, reza así: «#Venezuela: Nicolas Maduro ajusta su banda mafiosa, luego de la captura de Alex Saab, para no perder el control x las pugnas internas q hay en la Banda Criminal q el mismo encabeza y seguir negociando lo q queda en el BCV, el Oro y riquezas, el Petroleo, etc. La estructura». Con el BCV se refiere al Banco Central de Venezuela.

El texto va a acompañado de unos fotomontajes en los que aparecen, entre otros, los retratos de Nicolás Maduro padre, Nicolasito y Álex Saab, que en la actualidad permanece en una prisión de Florida (Estados Unidos) tras ser extraditado desde Cabo Verde por diferentes cargos de soborno y lavado de dinero.

En el escrito presentado ante la Justicia española por el letrado Pedro Javier Díaz Carreño, del despacho de Garzón, Nicolasito considera que en ese tuit se hace la afirmación de que «forma parte de una banda u organización criminal o mafiosa».

Así mismo, entiende que esas manifestaciones «constituyen un atentado al honor» del demandante, «integrando en sí mismo un delito contra el honor en su categoría de injurias», al atribuírsele, «mediante publicidad, una serie de hechos y actos totalmente falsos y constituir en sí mismos afirmacones de extrema gravedad».

Por ello se pide a la requerida que «se retracte» y «se avenga al reconocimiento de la existencia de unos hechos injuriosos, sin perjucio de la acción que esta parte se reserva para exigir la responsabilidad civil derivada del daño». También se reservar la vía penal y civil para solicitar una indemnización, añade.

Según ha podido saber ABC, Tamara Suju ha recibido una citación para celebrar el acto de conciliación, previo a la querella, este viernes, 14 de enero, en el Juzgado de Primera Instanacia número 83 de Madrid.

En declaraciones a este diario, la abogada afirma sobre la acción legal contra ella por parte del hijo de Maduro que «es una claro intento de intimidación ante quienes denuncian al régimen y los desnudan». «En lo particular -continúa-, mi trabajo en la CPI [Corte Penal Internacional] es de crucial importancia, y ellos no lo pueden controlar».

Suju sostiene que «la estructura criminal de Nicolás Maduro trabaja junta, y si eso hay que demostrarlo en los tribunales españoles lo haremos». «No es Nicolás hijo, no, es la tiranía», recalca.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, con sede en Praga, lleva años denunciando las violaciones de derechos humanos por parte del régimen chavista en Venezuela y ha llevado el caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya.

La Fiscalía del TPI abrió un examen preliminar del caso venezolano en febrero de 2018 y el pasado mes de noviembre, después de cerca de cuatro años, dio a conocer la apertura de una investigación formal por supuestos delitos de lesa humanidad . El fiscal de La Haya, el británico Karim Khan , anunció la medida ante el propio Nicolás Maduro durante una visita a Caracas y la investigación sigue en marcha.