Manual para derribar a un presidente

Durante los primeros 184 años de historia de EE.UU. sólo un presidente se enfrentó al proceso de destitución. En los pasados 45 años, esa cifra ha aumentado a cuatro. Los tiempos han cambiado. Desde 1980 a todos los presidentes se les ha acusado en el Capitolio de lo que la Constitución condena como «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves». No se han librado ni Ronald Reagan , asediado por la investigación del escándalo de la financiación de la contra nicaragüense, ni Barack Obama , por las muertes de civiles por ataques con drones. De todos ellos, sólo Bill Clinton acabó arrastrado por el complejo proceso del juicio político conocido como «impeachment», después de su reelección.

Que nunca haya culminado con éxito tiene su lógica. El «impeachment», una temida guillotina sobre la cabeza del líder del hombre más poderoso del planeta, fue diseñada para ser una excepción, definida por uno de los padres de la Constitución, James Madison , como un mecanismo de urgencia para garantizar que «un presidente no traicione a la nación entregándose a un poder extranjero».

Así es: los padres fundadores temían que tras el primer presidente, el intachable George Washington , cualquier advenedizo engatusara a los votantes, ganara en las urnas y se perpetuara en el poder conspirando con las potencias de la época, que entonces no eran Rusia o China, sino Gran Bretaña, Francia o España, todas con un Rey a la cabeza (Francia lo perdería pronto). Eso sí, los autores de la Constitución fueron muy claros: el «impeachment» no es un mecanismo de corrección de elecciones y un presidente no puede ser destituido por incompetencia o impopularidad.

Según el historiador Jeffrey Engel , un respetado experto en la presidencia norteamericana, «las únicas faltas penadas con la destitución del presidente son las que este comete con el pernicioso objetivo de hacerle daño a la república para beneficio personal».

El proceso de «impeachment» es además uno de los pilares de la separación de poderes. Es la forma que tiene el legislativo de poner coto a la amenaza de un ejecutivo desbocado y vendido a un poder foráneo. Y a pesar de que los padres de la Constitución dejaron claro que su principal temor era que una potencia extranjera pudiera comprar al gobierno norteamericano, nunca hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca ese temor ha llevado a una investigación en toda regla en el Capitolio, que en este caso comenzó formalmente en septiembre y fue ratificada por medio de una votación formal de la cámara baja el jueves.

El primer presidente sometido al «impeachment», el demócrata Andrew Johnson , padeció un juicio político en toda regla porque era un racista y un déspota. Sobrevenido presidente en 1865 tras el asesinato de Abraham Lincoln , su incompetencia le llevó a ser recusado por la Cámara de Representantes sin que esta contara ni siquiera con una denuncia concreta. El proceso fue un desastre, y Johnson fue absuelto en el Senado, que es la cámara en la que se produce el juicio. Tan traumática y mal calculada fue esta experiencia que nadie se atrevió a volver a tocar el «impeachment» en más de un siglo.

Según el prestigioso historiador John Meacham , en el primer proceso de «impeachment» la cámara baja actuó de forma temperamental y la alta, el Senado, vino a poner orden. Es una valiosa lección para Trump: «Son los votantes los que deciden quién ocupa la presidencia en unas elecciones, y no los legisladores. Un “impeachment” no corrige elecciones». Precisamente el actual presidente ha repetido esta semana que los demócratas quieren invalidar su victoria en las urnas en 2016. Estos, sin embargo, creen que el ejemplo de Trump es más similar al de Nixon que al de Johnson.

Como en el caso de Nixon, la investigación sobre Trump no se centra en los supuestos delitos que pueda haber cometido el presidente, si los ha cometido, sino en si trató de esconderlos abusando de su poder. Cuando estalló el escándalo del Watergate, el entonces presidente pagó sobornos y escondió grabaciones con la misión de ocultarle las pruebas al Capitolio. Es decir, puede que Nixon estuviera al tanto del allanamiento de la sede del Partido Demócrata en un hotel de Washington en junio de 1972, pero eso no era motivo suficiente para su destitución. Negarse a ser investigado, sí.

Al menos eso pensaron no sólo los demócratas, sino también destacados miembros del Partido Republicano, en el que militaba Nixon. Cuando se enteraron, por medio de unas grabaciones, de que el presidente había ordenado a la CIA que entorpeciera las pesquisas del FBI sobre el Watergate, los republicanos decidieron que era hora de evacuar la Casa Blanca. Al fin y al cabo el vicepresidente, Gerald Ford, era un republicano admirado y respetado.

Nixon, derrotado, dimitió antes de que las preparaciones del juicio político comenzaran en el Senado. Según el periodista Lou Cannon , que escribió sobre el Watergate en el diario «The Washington Post», aquella fue una de las pocas ocasiones en que «alguien en política dio un brusco giro de 180 grados movido únicamente por hechos», en referencia al súbito cambio de parecer de los republicanos.

Añade Timothy Naftali , historiador en la Universidad de Nueva York, que «hubo en 1974 un grupo de cargos electos de ambos partidos que decidieron tomar una serie de decisiones políticas con un grave riesgo político y hasta personal, porque recibieron pruebas que demostraban que era necesario que salieran en defensa de la Constitución». Muchos de esos republicanos recibieron hasta amenazas de muerte, y algunos perdieron la reelección por el malestar de los votantes.

Así es: el «impeachment» nunca ha sido popular entre el electorado. Hay un caso más claro que el de Nixon. Hace dos décadas el Capitolio tuvo que pronunciarse sobre las aventuras amorosas de un superviviente nato llamado Bill Clinton. El problema no fueron los furtivos encuentros del presidente con la becaria Monica Lewinsky en el Despacho Oval, sino que, como Nixon, Clinton tratara de esconderlos borrando pruebas y hasta buscándole un empleo a la que fue víctima de su voracidad sexual.

Clinton supo manejarse bien en el Capitolio y fijar lealtades en su partido que le garantizaron la absolución final en el Senado. Lo que es más importante, la opinión pública también le perdonó. Cuando dejó el cargo, Clinton se hallaba en la cima de su popularidad. Curiosamente, sus excesos y arrepentimientos le humanizaron y, más relevante aún, dispararon la popularidad de su mujer y futura rival de Trump.

En cierto sentido, la investigación abierta a Donald Trump en el Capitolio toma elementos de todos esos precedentes: el carácter provocador de Johnson, las sospechas de destrucción de pruebas de Nixon y la debilidad de carácter de Clinton (incluidas las aventuras con modelos y actrices pornográficas). Ninguno de ellos es motivo suficiente para que Trump sea destituido. Los demócratas necesitan más pruebas de que el presidente puede ser una amenaza para la nación. Las suficientes, al menos, como para convencer a un puñado de senadores republicanos.