Macron logra «superpoderes» para cerrar la reforma laboral y el plan de moralización política

En un país donde el 75% de los franceses cree que los funcionarios y líderes políticos son «más bien corruptos», el proyecto de ley ordinaria adoptado este jueves para moralizar la política prevé la prohibición de dar trabajos a familiares como asesores. En menos de tres meses, «la nueva mayoría ha avanzado en dos cuestiones que se habían presentado como prioritarias por Emmanuel Macron», dijo a Reuters el politólogo francés Stéphane Rozès.

Como uno de los buques insignia de la campaña de «En Marcha!», Macron da un paso más antes de sus vacaciones en sus esfuerzos para dotar de una mayor transparencia a la política nacional, marcada en el quinquenio de Hollande por escándalos como el del ministro de Economía Jerome Cahuzac , que fue condenado el pasado diciembre a tres años de cárcel por fraude fiscal.

El proyecto de ley para «la confianza en la política» , que la Asamblea y el Senado han apoyado, fue aprobada por una 383 votos, 3 en contra y 48 abstenciones. Según este proyecto de ley, se prohíbe dar empleo a la familia inmediata (pareja, padres e hijos, así como los del cónyuge) de ministros, parlamentarios y miembros de los ejecutivos locales, bajo pena de tres años de prisión y 45.000 euros de multa, y en algunos casos la devolución de los importes pagados.

Emmanuel Macron ha logrado igualmente otro de sus grandes objetivos: avanzar en la reforma laboral sin la intervención de los diputados. Esta vía, que va aún más lejos que la controvertida Ley del Trabajo de la última etapa de Hollande en materia laboral, espera ahora favorecer el empleo en su país gracias a una mayor flexibilidad de las empresas.

El texto que autoriza al Ejecutivo a legislar por decreto para reformar el Código de Trabajo se adoptó finalmente el miércoles por una votación final del Senado, la cámara alta del Parlamento. Bajo este método, particularmente criticado por los sindicatos, el Parlamento no debate los textos, sino que sólo se consulta al principio y al final del procedimiento.

La disputa podría entonces pasar a la calle, mientras que una parte de la oposición denuncia este paso dado por Macron como la «ley de demolición social». Los sindicatos CGT y SUD han convocado una jornada de acción el 12 de septiembre, mientras que la izquierda radical hace un llamamiento a una «manifestación masiva» el 23 de septiembre.

«La esencia de esta reforma no tiene impacto en el empleo, sino que describe un proyecto para tomar (...) las viejas demandas de los empresarios (...) desde hace 20 años», comentó recientemente el presidente del sindicato CFE-CGC, François Hommeril. La reforma acabará con la negociación sectorial y los convenios se negociarán de forma particular en cada empresa. Además, prevé límites fijos en las indemnizaciones por despido, una medida que se espera que facilite el despido y la contratación.

Emmanuel Macron considera esta reforma fundamental para reducir la tasa de desempleo en Francia y llegar al final de su mandato, en 2022, con un 7% de paro, frente al 9,4% previsto para finales de 2017. El presidente francés busca ganarse la confianza de Alemania, que ha pedido desde hace tiempo reformas estructurales en su país.