La lucha contra el islamismo francés entra en una complicada discusión parlamentaria

En nombre de todas las familias del islam francés, el Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM) ha redactado una «carta» que dice aspirar a respetar la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto del Estado, «rechazando la instrumentalización del islam con fines políticos». Ni la «carta» ni el CFCM dan respuesta definitiva al problema cultural, social, religioso y político de fondo: entre el 50 y el 60 % de los jóvenes musulmanes franceses estiman que las leyes islámicas «están por encima de las leyes de la República y el Estado».

La «carta» presentada oficialmente al presidente Macron es una síntesis de las distintas posiciones entre los imanes favorables a las instituciones franceses y los imanes menos sensibles a las instituciones del Estado. Sus redactores esperan participar, con el Gobierno, en la creación de un Consejo Nacional de Imanes (CNI), dispuestos a cumplir con los principios institucionales básicos. Se trata de un viejo proyecto, que ya aspiraban a construir sucesivos ministros del Interior, como Jean-Pierre Chevenement (socialista) y Nicolas Sarkozy (conservador). En vano.

Emmanuel Macron espera que el todavía lejano CNI permita cumplir con mayor eficacia el proyecto de Ley concebido para reforzar los principios republicanos , cuyos 57 artículos han sido redactados como un «escudo» político, jurídico y policial contra el islam político.

El proyecto de Ley presentado en la Asamblea Nacional (AN) comienza por tipificar nuevos delitos : «Amenazar la vida de terceros a través de la difusión de informaciones sobre la vida privada y profesional que pudieran amenazar la vida de personas y familias». «Intimidación de terceros por motivos religiosos». «Propagación de incitaciones al odio».

El proyecto concebido por los ministros del Interior, Gérald Darmanin , y Justicia, Éric Dupond-Moretti , ha comenzado por dividir a la mayoría parlamentaria del presidente Macron, dejando en suspenso la posible «matización» de un proyecto que lleva doce largos meses de «maduración», «gestación» y redacción, antes de su aprobación y posterior entrada en vigor.