Latinoamérica, la región más desigual y violenta del mundo, según Amnistía Internacional

Los periodistas y los defensores de derechos humanos fueron los más perjudicados. Latinoamérica sigue siendo el terreno más peligroso del mundo para su ejercicio. Así lo respalda el informe Anual para las Américas de 2019, que presenta hoy Aministía Internacional (AI) en Ciudad de México, y que cifra en 208 los homicidios para quienes defendían los derechos humanos, lo que representa el 68% del total en el mundo. Colombia se convirtió en el país más letal.

El informe es «una radiografía preocupante de los graves retrocesos que millones de personas enfrentan en la región. El 2019 estuvo marcado por protestas masivas, demostrando un hartazgo de las formas ya tradicionales de los gobiernos de ignorar las demandas populares. Desde Haití, hasta Chile, y otros países, la indignación y las exigencias de DD.HH. han sido un motor para las protestas«, manifestó en su cuenta de Twitter, Erika Guevara-Rosas , directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En un breve repaso geográfico, Chile cerró 2019 con «la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet». El Gobierno de Sebastián Piñera aumentó deliberadamente el precio del transporte público lo que ocasionó un estallido social con protestas multitudinarias que se ampliaron para pedir reivindicaciones sociales más justa. Durante ese período se desplegó al Ejército en las calles y se intensificó la represión por parte del Estado para controlar las manifestaciones. Bolivia puso fin a 14 años de Gobierno por parte de Evo Morales, tras las denuncias de fraude electoral en las pasadas elecciones de octubre donde el expresidente se declaró ganador cerrando la puerta a una segunda vuelta. La violencia se apoderó de las calles y causó 35 muertos y más de 830 heridos.

En Ecuador , las fuerzas de seguridad también hicieron uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra las medidas de austeridad que trató de imponer Lenín Moreno. Y en Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro continuó perfeccionando el aparato represor con más de 2.100 detenciones arbitrarias.

La crisis política que se vive en Venezuela desde hace más de cinco años ha teñido de rojo todas las estadísticas del país. El aumento de las tensiones entre el Gobierno y el líder opositor Juan Guaidó agravó la situación en los primeros meses del 2019. Según Insight Crime, Venezuela fue el país fue el más violento de Latinoamérica con una tasa de homicidio de 60,3 por cada 100.000 habitantes , entre tantas, una de las razones que ha impulsado una crisis migratoria sin precedentes en el mundo que se sitúa en 5 millones de venezolanos desplazados y refugiados de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Especiales (FAES) saldaron con 11 hombres jóvenes ejecutados y los encarcelamientos por motivos políticos se situaron en 388 personas (18 mujeres y 370 hombres), según la ONG Foro Penal Venezolano. En la lista recuerdan a los diputados Juan Requesens y Gilber Caro, el jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero, todos permanecen bajo custodia del Servicio de Inteligencia (Sebin).

Cuando Latinoamérica implosionó y cada país se fue sumergiendo en una racha de protestas violentas, los opositores al régimen de Maduro comenzaron a responsabilizar al Gobierno venezolano de desestabilizar el continente. Lenín Moreno fue el primero en denunciar que su antecesor Rafael Correa y Nicolás Maduro estarían detrás de las protestas antigubernamentales en ese país. Juan Guaidó acusó también a Maduro de financiar grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en los demás países.

Los datos hablan solos. México fue el país más mortífero de la región para los periodistas y los defensores de derechos humanos con al menos 10 homicidios y 23, respectivamente en 2019. En diciembre, Reporteros Sin Fronteras denunció que la probabilidad de que los autores intelectuales de los asesinatos a periodistas sean juzgados «es casi nula», teniendo en cuenta que la tasa de impunidad en ese tipo de delitos «supera el 90 %».

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó alarmantes medidas respecto a seguridad nacional, incluida la creación de la nueva Guardia Nacional, concebida como un «cuerpo policial civil», pero estaba conformada por personal militar. Hubo acoso, ataques y homicidios, y las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado aumentaron a 61.637 personas.

Repitiendo el patrón del Gobierno venezolano con respecto a la tortura y otros malos tratos , el Comité de la ONU publicó sus conclusiones de México en mayo donde expresó su «preocupación por el elevadísimo número de casos de tortura, incluida la violencia sexual». Llamó la atención que en temas migratorios México actuara de forma contraria a la legislación, manteniendo recluidos a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes. Tras el endurecimiento de la política migratoria de Trump y la amenaza de romper el acuerdo comercial con México, López Obrador tuvo que poner mano firme a los inmigrantes detuviendo a 186.750 en situación irregular y deportando a 123.239, de ellos el 98% procedía de Centroamérica.