Una juez rechaza la solicitud de Trump para detener a niños inmigrantes durante un largo periodo de tiempo

La jueza del tribunal de distrito de Los Angeles Dolly Gee ha desestimado por «dudosos» y «poco convincentes» los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense para modificar una conciliación judicial de 1997 , conocida como acuerdo Flores, que dice que los niños que entraron en el país en forma ilegal solo pueden permanecer detenidos hasta 20 días .

El Gobierno hizo la solicitud en junio, después de las protestas generalizadas contra su política de separar a los niños de los padres que entraron ilegalmente en Estados Unidos. Un juez en un caso diferente en San Diego ordenó al Gobierno el mes pasado que reuniera a las familias que había separado.

El Gobierno afirmó en su presentación que el fallo de San Diego exigiría la detención de niños por más largo plazo, ya que esa sería la única forma de reunirlos con sus padres y mantener a los padres encarcelados durante sus procedimientos de inmigración.

Gee ha rechazado este lunes ese argumento. «Los demandados promueven una interpretación tortuosa del Acuerdo Flores en un intento de demostrar que la (...) medida cautelar les permite suspender las disposiciones de liberación», ha escrito en su fallo.

Los gobiernos anteriores solían liberar a las familias detenidas en la frontera para que siguieran con sus solicitudes de inmigración mientras vivían libremente en Estados Unidos . Pero Trump ha prometido poner fin a esa práctica.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia Devin O'Malley ha indicado que el Gobierno no está de acuerdo con el fallo, pero ha señalado que parece permitirle continuar con algunas prácticas. «Los padres que cruzan la frontera no serán liberados y deben elegir entre permanecer en custodia familiar con sus hijos a la espera de un proceso de inmigración o solicitar la separación de sus hijos para que el niño pueda ser ubicado con un patrocinador», ha afirmado el portavoz.

Gee ha calificado la petición del Gobierno de «un intento cínico de transferir al poder judicial la responsabilidad por más de 20 años de inacción legislativa y de acción poco meditada del Ejecutivo».