La juez que condenó a Leopoldo López es designada defensora pública general de Venezuela

«Queda nombrada como defensora pública la ciudadana Susana Virginia Barreiros Rodríguez y sus suplentes en este orden, Ignacio Ramírez Romero y Carlos Medina, los van a juramentar el día martes aquí en esta Asamblea Nacional», dijo el presidente de la AN, Diosdado Cabello, en la sesión parlamentaria convocada hoy.

La nueva defensora pública general estará «dedicada a prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica», así lo asegura la página web de la Defensa Pública de Venezuela.

Barreiros sustituirá a la juez encargada del cargo, Carmen Eneida Alves.

Cabello, reelegido diputado para el próximo período legislativo, que tendrá mayoría opositora a partir del 5 de enero, aseguró que la mayoría oficialista, que aún domina el Parlamento venezolano, no caerá en «chantajes» y aprobaran las leyes «que sean necesarias» para «proteger» al pueblo.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre y dominará la Asamblea Nacional a partir de enero.

La oposición contará con la mayoría calificada de 112 diputados, lo que representa dos tercios de la cámara y que le permitirá emprender cambios de gran calado en la política del país en el período legislativo 2016-2021.

El actual presidente de la AN reiteró que el chavismo no caerá en «ningún chantaje» y anunció que antes del 4 de enero la mayoría oficialista nombrará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sobre la designación de Barreiros como defensora pública general dijo sentir «satisfacción», debido a que es una mujer que «tomó una decisión valiente» y «a costa de su propia vida».

«Si hubiese puesto en libertad a quien mandó a asesinar a 43 personas seguro le tuvieran hasta un santuario en la derecha, pero actuó con valentía», expresó.

Barreiros condenó a López, líder del partido Voluntad Popular, a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, por delitos vinculados con la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en marzo de 2014.

La oposición venezolana espera poder revertir esta sentencia tras conseguir la mayoría parlamentaria que promoverá una ley de amnistía que extinga la responsabilidad penal que pesa sobre varios políticos presos.