Italia ayuda con alimentos y bonos de compra a las familias al temer desórdenes por el hambre

Los «técnicos» –servicios secretos y fuerzas de seguridad, comenzando por el director de la policía Franco Gabrielli- expresaron sus temores de que se produjeran desórdenes y revueltas «por el pan». Los informes que llegaron a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, eran muy inquietantes, porque hablaban de gente desesperada, sin trabajo y sin dinero, dispuesta a todo, con noticias de robos en farmacias y asaltos a supermercados. «Estoy preocupada por la situación general que se están perfilando en el país –reveló la ministra Lamorgese en una entrevista en televisión-, los ciudadanos tienen exigencias primarias de las que el Estado se tiene que hacer cargo».

En la noche del sábado, el gobierno respondió a con urgencia a ese grito de alarma que procede del sur de Italia, donde existe un grave riesgo que algunos denominan «bomba social» o «polvorín social» que puede explotar si no llegan soluciones urgentes. El primer ministro anunció ayudas de 4.300 millones de euros a las familias y otros 400 millones en bonos de compra «para ayudar a los ciudadanos que no tienen dinero para comprar productos de primera necesidad». Al mismo tiempo, el ministro del Interior ordenaba reforzar la vigilancia, incluso con agentes de paisanos, en supermercados y farmacias, ante el riesgo de robos y asaltos.

En las regiones se debe unir, a la ayuda del Estado, los recursos locales propios, aunque son ya muy exiguos. La situación es tan dramática que el presidente de la región de Campania, Vincenzo de Luca, ha movilizado a su Junta de gobierno con una petición: «Hay que garantizar el pan a la gente pobre, se debe encontrar el dinero que haga falta». En un barrio emblemático de Nápoles, «Quartieri Spagnoli», la Fundación Foscus garantizará a partir del lunes a al menos un centenar de familias productos de primera necesidad”.

Todo el mundo es consciente de que en este momento la emergencia principal es la sanitaria, para bloquear el contagio del coronavirus y los muertos, pero no se puede olvidar la grave emergencia social. A este respecto, el ex presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, Raffaele Cantone, un prestigioso magistrado napolitano, ha señalado que el verdadero desafío es el trabajo en negro, con miles de personas que hoy están totalmente desamparadas: «Se trata de la existencia de un enorme negro –afirma Cantone- de una economía paralela de la que todos saben, que algunos, y no solo meridionales, explotan y muchos otros toleran, fingiendo hipócritamente como si no lo vieran».

Los números dicen, según diversos medios, que solo en la región de Campania, con una población de cerca de seis millones de habitantes, el trabajo negro ocupa a 370.000 personas; de ellas, 70.000 solo en el área territorial de Nápoles. Los números son fríos, no tienen alma. Pero detrás de cada número hay una historia, que ahora es en muchos casos dramática. Ese ejército de trabajadores «irregulares y en negro» contribuye al 9 % del PIB de la ciudad de Nápoles. Muchas son mujeres que trabajan horas y horas en la costura, a menudo en locales lúgubres. Ahora no salen de casa y no están tuteladas porque su trabajo es «invisible» y no existe para el mundo real. Así hay otros muchos sectores: camareros, empleadas de hogar, colaboradores de talleres que jamás han tenido un contrato… Después hay un vastísimo mundo con actividades ilegales o al borde de la ilegalidad.

Este es un panorama que se extiende por todas las regiones del sur. Según Gian Maria Fara, presidente del Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales (Eurispes), en Italia hay tres PIB (Producto Interior Bruto): Uno oficial de un billón 600.000 millones de euros, otro sumergido de 540.000 millones (el 35 % del oficial) y uno criminal que supera abundantemente los 250.000 millones de euros. El bloqueo impuesto por el gobierno a las actividades productivas, salvo las estratégicas, para frenar la propagación del coronaviru s, no solo ha tenido impacto en el PIB oficial. La economía sumergida, la del trabajo en negro, está casi totalmente bloqueada.

El ministro para el Sur y la Cohesión territorial, Giuseppe Provenzando (PD), profundo conocedor del Mezzogiorno -fue investigador de la SVIMEZ (Asociación para el desarrollo de la industria del sur)-, ha afirmado que es necesario preocuparse y dar una solución también para los trabajadores en negro. El magistrado Raffaele Cantone considera que esa solución debe llegar con urgencia, aunque hoy la emergencia sanitaria sea prioritaria. “Se debe evitar –argumenta Cantone- que pueda suceder algo de lo que habló hace más de dos mil años Tito Livio, refiriéndose a las guerras púnicas: «Dum Romae consulitur, Sanguntum expugnatur» («mientras en Roma se discutía, Sagunto fue vencida»).