Iohannis intentará adelantar las elecciones en Rumanía

A partir de esa votación, Rumanía está ya en campaña para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el 10 de noviembre y a la que Dancila desea presentarse como candidata. Tras anunciarse ayer su destitución por el parlamento como jefa de gobierno, acusó a liberales y conservadores de querer «volver a las medidas de austeridad» adoptadas tras la crisis de 2008, arremetiendo contra el presidente saliente de centro derecha Klaus Iohannis , que por ahora parece tener asegurada su reelección para un segundo mandato y que consultará a partir de hoy viernes a los diferentes partidos políticos antes de nombrar a un nuevo Primer ministro. Precisamente Iohannis es quien debe nombrar ahora un primer ministro que obtenga el apoyo en el Parlamento, de modo que si el legislativo rechaza dos veces consecutivas su propuesta Rumanía debería celebrar elecciones parlamentarias anticipadas. Pero sus intenciones podrían ser otras.

«Hoy ha ganado Rumanía», declaró ayer Iohannis tras la moción de censura , añadiendo que, personalmente, es partidario de adelantar las elecciones. «La mejor solución para restaurar la legitimidad del parlamento es, obviamente, el retorno más rápido al voto de los ciudadanos, es decir, la celebración de elecciones anticipadas». «Eso solo será posible», admitió, «con el consenso de los grupos parlamentarios actuales». Tanto Ludovic Orban, presidente de PNL, como Dan Barna, líder de la USR, estuvieron de acuerdo ayer en que las elecciones anticipadas serían la forma más efectiva de salir de la crisis política. Ambos esperan, además, que Pro Rumanía, el partido del exprimer ministro Victor Ponta, manifieste esa misma opinión en los próximos días.

Desde enero de 2018, el ejecutivo rumano se había visto debilitado por el fracaso en las elecciones europeas de mayo y por la ruptura de la coalición. Iohannis ha acusado reiteradamente al PSD de Dancila de suavizar las leyes contra la corrupción y de atentar contra el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia para proteger a sus líderes con problemas judiciales. Esta misma acusación ha sido formulada en varias ocasiones por la Comisión Europea y por Estados Unidos, que han entendido el programa de reforma de la Justicia emprendido por el PSD como un intento de controlar el sistema judicial.

El gobierno de Bucarest tiene pendiente la redacción del proyecto de presupuestos generales para 2020, una tarea complicada por la explosión de los gastos públicos de los últimos meses. A pesar de las altas tasas de crecimiento de los últimos años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido sobre el riesgo de que el déficit se desvíe y ha pedido a Bucarest que renuncie a la duplicación de las pensiones de aquí a 2022, como prometieron los socialdemócratas.