«He sufrido tantas agresiones sexuales que ya ni me acuerdo»

Wambui forma parte de los cerca de 7.000 veteranos “ Mau Mau ” (una organización nacionalista keniana que entre 1952 y 1961 se alzó en armas contra el Gobierno británico) que el pasado mes de abril demandó a su antiguo colonizador por los abusos morales y físicos sufridas durante la revuelta .

“Cuatro años de mi vida estuve en un campo de concentración y ni un solo británico ha pagado por las torturas que sufrí”, asegura Jacinta Kihumba , una “Mau Mau” que perdió a su marido e hijo en uno de estos centros de detención.

Las cifras no son menores. Según la Comisión de Derechos Humanos keniana , al menos 65.000 personas fueron ejecutadas por las tropas británicas para frenar la rebelión. Unas cifras, que para la profesora de Harvard Caroline Elkins , serían infinitamente superiores.

En su obra “ Britain's Gulag ”, la autora denuncia que más de 100.000 kenianos podrían haber sido asesinados , mientras que el 90 por ciento de los kikuyu (los “Mau Mau” son fundamentalmente de esta etnia) fueron detenidos en algún momento del conflicto. Solo 32 británicos fallecieron como consecuencia directa de los combates .

“En estos centros de detención (la mayoría situados en la localidad de Nyeri) nos trataban como animales. No era extraño el día que moría uno de nosotros, víctima de las torturas”, señala Kihumba.

En 1952, tras ser declarados “peligrosos para la buena regencia de la colonia”, el Gobierno británico declaró el estado de emergencia en Kenia , lo que permitió la confiscación de tierras y la detención, sin cargos, de cualquier presunto delincuente.

“Nadie estaba exento. Ni los niños, ni los ancianos. Nosotros solo exigimos lo que nos pertenece y nos fue arrebatado: dignidad”, reconoce Gitu Wa Kahengeri , secretario general de la asociación de veteranos de la guerra “Mau Mau”.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico afirma que, tras su independencia en 1963, todas las competencias se transmitieron al Estado de Kenia , por lo que la compensación a estos ancianos correspondería al propio país africano.

“Esa siempre fue la burda mentira. No hay ningún documento que acredite la venta de tierras o los emolumentos que debíamos recibir, ya que entonces éramos ilegales”, denuncia Kahengeri, quien a finales del mes de junio deberá viajar a Londres para continuar con el caso.

Su principal apuesta: unos documentos oficiales de reciente aparición que demuestran que las agresiones formarían parte de un sistema de torturas, tratos inhumanos y degradantes aplicados por la policía y otros miembros de los servicios de seguridad con pleno conocimiento de la Administración Colonial.

“¿Guantánamo? Apenas sé lo qué es” -asegura Kahengeri- “Yo sólo conozco el sufrimiento que padeció mi pueblo y por él, sí que vale la pena luchar”.