Eva González Pérez, la abogada española que propició la caída del Gobierno holandés

Gónzalez, que reconoce que su mayor virtud es la paciencia , se ha dedicado durante años a esta causa, como parte de la defensa de las víctimas del colectivo de abogados Helmond Trias. Y logró demostrar que las agencias gubernamentales acusaron injustamente a 20.000 padres ante los tribunales y les obligaron a devolver al Estado las prestaciones que habían recibido conforme a la ley. La mayoría eran familias de bajos recursos por lo que muchos ya se habían gastado el dinero, lo que los dejó al borde de la quiebra y les obligó a pedir préstamos para poder hacer frente a los pagos. Las ayudas sociales recibidas ascendían en algunos casos hasta los 100.000 euros y las familias fueron forzadas a devolver monumentales cantidades de dinero en apenas semanas.

La abogada española aún mantiene intacto su castellano, que a veces combina con terminología legal en holandés para explicar procedimientos. Llegó al caso por obra del destino cuando en 2014 su esposo, que dirigía una agencia de niñeras en la ciudad Eindhoven, ubicada al sur del país, le contó las cartas que recibía de sus clientes y que no podía hacer nada para ayudarlos . El subsidio para el cuidado de los hijos de los padres se había suspendido sin ninguna razón y ella, preocupada por el destino de las familias afectadas, comenzó entonces los litigios para decenas de víctimas.

Confiada en que se trataba de un error, inició los procedimientos en Hacienda para demostrar que no hubo fraude, pero rápidamente se dio cuenta que algo andaba mal cuando la agencia tributaria se mantenía firme y exigía reembolsar las asignaciones recibidas. «Me ha impactado que padres correctos y trabajadores hayan sido etiquetados erróneamente como estafadores. Quiero recuperar su inocencia », dijo González a un medio local.

González terminó Derecho en la Universidad de Utrecht en el 2000. Ahora, tras poner en jaque la discriminación institucional de Países Bajos, tiene respuestas y disculpas de algunas autoridades: han cometido errores, ocultado datos, tratado de frustrar investigaciones y han elaborado un perfil étnico de sus víctimas.