La Fiscalía de Cuba advierte sobre las consecuencias de participar en la marcha cívica del 15-N

En declaraciones a la prensa, la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana señaló que «la actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las c onsecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos. Asimismo, la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas».

La Marcha Cívica por el Cambio fue convocada por el grupo Archipiélago, plataforma en redes sociales integrada por más de 29.000 ciudadanos cubanos, con el objetivo de protestar contra de la violencia, exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, así como abogar por la solución pacífica y democrática de las diferencias entre los cubanos. Para ello, los promotores entregaron solicitudes de permiso ante las autoridades de 8 de las 15 provincias cubanas. Poco después, el 12 de octubre, como respuesta, el régimen cubano declaró «el carácter ilícito de la marcha» por considerar que tenía fines desestabilizadores e inconstitucionales.

Sin embargo, los integrantes de Archipiélago sostuvieron que el 15-N «nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo».

Al recibir la advertencia en la sede de la Fiscalía Provincial de La Habana, el dramaturgo e integrante de la plataforma, Yunior Garcí a, en declaraciones a varios medios de prensa oficiales y extranjeros reunidos en el lugar, defendió el derecho de manifestación, recogido en la Carta Magna cubana, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

«Nosotros no queremos que esta marcha sea la marcha de un grupo de organizaciones, queremos que esta sea una marcha cívica, de la sociedad civil cubana, que es muy diversa: hay personas que tienen una posición abierta con el régimen; hay personas que tienen críticas con el régimen; hay incluso personas socialistas que no creen que en Cuba exista el socialismo, que están seguros que en Cuba lo que hay es un capitalismo monopolista de Estado muy atrasado, prácticamente feudal. Incluso hay socialistas que están de acuerdo en que este gobierno tiene que cambiar. (…) La agenda futura de Cuba tiene que ser una construcción colectiva, tiene que ser una escritura en conjunto, resultado de un consenso entre diversas agendas y diversas ideas. (…) Hay que escuchar a los cubanos, hay que dejar de estigmatizar a los cubanos porque estamos hartos también de que nos digan desde los extremos ‘con estos cubanos no hables’. (…) Se acabó eso», afirmó el dramaturgo.

El director de Trébol Teatro aseguró que la marcha sería pacífica; ante la pregunta de uno de los periodistas presentes que contrapuso la Constitución al derecho de los cubanos a manifestarse el 15-N, sostuvo: «Si el Estado usa la Constitución para protegerse de su propio pueblo, estamos perdidos. Esa sería una lectura aberrante de la Constitución».

En los últimos días, ha aumentado el acoso a los integrantes de Archipiélago. Varios de los moderadores del grupo enfrentan cortes del servicio telefónico y de internet, otros están siendo citados, interrogados y amenazados por la Seguridad del Estado cubana. El hostigamiento incluye difamaciones en los medios de prensa oficiales y expulsiones de los centros de trabajo; el 19 de octubre fue expulsado el profesor universitario David Martínez Espinosa , integrante de la plataforma y firmante de la solicitud de manifestación en Cienfuegos; al día siguiente, sería igualmente despedido de su puesto laboral el Dr. Manuel Guerra , miembro del equipo de coordinadores de Archipiélago y uno de los firmantes de la petición entregada a las autoridades de Holguín.

Este 22 de octubre el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), mediante una misiva suscrita por su director ejecutivo , Alejandro González Raga , solicitó a Michelle Bachelet , Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., que promueva una iniciativa internacional en favor del derecho de manifestación de los cubanos sin ser reprimidos, así como que exija al gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos (más de 500 según Prisoners Defenders).

La organización alertó sobre la posibilidad de que el 1-N se repitan las acciones violentas contra los manifestantes vividas el 11J ,y sostuvo que Bachelet «no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad» que continúan detenidos desde el 11-J.

El OCDH afirmó además que «las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha, no los sustrae de su condición humana, ni de sus derechos fundamentales universales. Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación».

OCDH pide a Bachelet acciones urgentes para proteger a los cubanos que quieren manifestarse el 15 de noviembre, y apela a su condición de víctima