Una donación vincula a la extrema derecha austriaca con el terrorista de Christchurch (Nueva Zelanda)

La aparición de esa donación ha puesto patas arriba la política austriuaca y amenaza la continuidad del gobierno de coalición de derechas. Ante una posible conexión del FPÖ con un movimiento relacionado presuntamente con el terrorismo y tras confirmar la existencia de un vínculo financiero entre Tarrant y la rama austríaca del Movimiento Identitario, el canciller Sebastian Kurz ha informado que su gobierno está estudiando una posible ilegalización de citado movimiento: «Nuestra posición es muy clara: no se debe permitir que ninguna forma de extremismo tenga un lugar en nuestra sociedad, ya sean los islamistas radicales o los fanáticos de derecha», exigiendo a sus socios de coalición un claro distanciamiento público. El vicecanciller, Heinz-Christian Strache , del FPÖ, ha declarado por su parte que «cualquier conexión con los brutales asesinatos en Christchurch debe ser inmediatamente resuelta», pero los círculos que apoyan su partido rechazan ese distanciamiento. «Distanciarse es perder», ha titulado su editorial Info-Direkt , junto a una viñeta en la que aparecen Kurz, Strache y Sellner y la frase «nosotros, los patriotas, estamos en el mismo barco que Sellner».

La exigencia de distanciamiento ha derivado en un serio aumento de tensión entre los miembros de la coalición de gobierno. Kurz y Strache han cruzado hoy declaraciones punzantes que denotan un clima de enemistad evidente. « Este asunto ha de ser tratado con objetividad, sin emociones a flor de piel, algo que es más fácil hacer a partir de determinada edad », ha dicho Strache en referencia a los 32 años del canciller. «Ciertas relaciones no son admisibles y eso puede verlo cualquier político demócrata, tenga la edad que tenga», ha respondido el joven canciller.

Desde la oposición, el Partido Socialdemócrata (SPÖ) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, el también ultranacionalista Herbert Kickl, por sus contactos con los identitarios. «Un ministro del Interior con esos contactos es un peligro de seguridad para Austria. El canciller solo tiene una opción: proponer al presidente federal el cese del ministro Kickl», ha pedido en un comunicado, refiriéndose a que los servicios de inteligencia austriacos están en manos del FPÖ a través de las carteras de Kickl y del ministro de Defensa Mario Kunasek , también miembro del FPÖ. Oficialmente, se mantiene que la cooperación con los servicios de socios extranjeros sigue funcionando bien, pero a raíz de la presente investigación la prensa de Viena ha publicado que Austria ha sido parcialmente retirada de los grupos de consulta, en los que trabajan conjuntamente los servicios occidentales. El jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución y la lucha contra el terrorismo (BVT), Peter Gridling, que ha tenido que declarar en una demanda, confesó en este sentido que la cooperación es en efecto limitada. Los servicios de inteligencia de otros países no confían en los ministros del FPÖ y el uso que puedan hacer de la información más sensible, de manera que prescinden de Austria en las reuniones.

Kurz, que al principio no tomó muy en serio el asunto, ha comenzado a sentir una presión creciente, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente desde las filas amigas de otros partidos de centro derecha. El político alemán de la Unión Cristianodemócrata de Merkel ( CDU ), Elmar Brok, ha solicitado públicamente que el intercambio de información con Kickl sea restringido y Kurz ha dado a sus ministros un plazo para arreglar la situación de los servicios de inteligencia: «hasta el verano». Fuentes de la Cancillería de Viena aseguran que «la coalición pasa por su peor momento y corre el peligro de romperse».