HRW denuncia que el estado de emergencia en Turquía facilita las torturas

«La prohibición de la tortura es total y no puede ser suspendida ni siquiera en casos de guerra o emergencia nacional. Y aun así, los decretos de emergencia han eliminado garantías cruciales para la protección de los detenidos de malos tratos y tortura», señala, en referencia a las medidas del Gobierno turco, el informe de HRW titulado «Un cheque en blanco».

Para llegar a esta conclusión, sus investigadores han entrevistado entre agosto y septiembre a 40 abogados, activistas por los derechos humanos, personas que estuvieron detenidas, especialistas forenses y personal médico. Y han documentado hasta 13 supuestos casos de abusos, en los que se incluye tortura.

Poco después de la sublevación militar, las autoridades turcas anunciaron la restricción de ciertas protecciones, sin especificar con detalle, de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés). Además también suspendieron 13 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). HRW denuncia estas decisiones así como la extensión del período de detención sin cargos de cuatro a 30 días. «Diversos abogados y una persona que estuvo detenida aseguraron que, en algunos casos, la policía había utilizado el período extendido para amenazar a los detenidos».

Asimismo, los investigadores de HRW apuntan al «clima de miedo» que se ha instalado entre los abogados , especialmente entre los que defienden a los acusados de formar parte de la red de Fetulá Gülen, el teólogo residente en Estados Unidos al que Ankara acusa de estar detrás del golpe . Algunos aseguraban sentir poco apoyo de las organizaciones colectivas. «Tenemos miedo. El colegio de abogados está asustado. Es una cuestión política y todo el mundo tiene miedo de acabar detenido y arrestado», relataba un abogado a la ONG.

Desde el Gobierno, en cambio, se niegan todas estas acusaciones. A lo largo de los últimos tres meses, numerosos miembros del AKP han asegurado que en Turquía sigue vigente el estado de derecho y han justificado las medidas extraordinarios por la «infiltración» de los gülenistas en todas las instituciones del Estado.

El último en defenderse de las críticas ha sido el ministro de Justicia, Bekir Bozdag . A través de las redes sociales negó que en los centros de detención turcos existan «malos tratos y torturas» y calificó de «calumniadores» a aquellos que realizan estas acusaciones.