Cumbre de las Américas: resaca de corrupción y bolivarianismo

Esta ha sido la cumbre de la gran resaca. La llamada década de oro de Latinoamérica –el tiempo del boom de las materias primas, que podemos datar entre 2003 y 2013– supuso unos ingentes ingresos públicos para muchos gobiernos, lo que propició la corrupción, facilitada por la debilidad institucional de la mayoría de los países, y facultó el desarrollo de populismos, en democracias cada vez más iliberales . La abrupta caída de los precios de hidrocarburos y minerales a mitad de 2014 ha obligado a una mayor heterodoxia económica y a un menor ilusionismo político : eso ha destapado una abultada corrupción (singularmente el caso Odebrecht) y ha ido minando la fuerza del llamado Socialismo del Siglo XXI (bolivarianismo).

Es en este estadio en el que se encuentra Latinoamérica: un hartazgo que también se ha visualizado en la menor asistencia a la cumbre (por diferentes motivos, en la jornada central faltaron siete presidentes, entre ellos el de Estados Unidos, quien se excusaba por primera vez desde la puesta en marcha de estas cumbres en 1994).

En la anterior cita continental, celebrada en Panamá en abril de 2015, el desplome del precio de las materias primas no había mostrado aún todas sus consecuencias. Marcelo Odebrecht , entonces CEO del gigante brasileño de construcción e ingeniería, fue aplaudido en el foro empresarial de la cumbre, sin sospechar que poco después sería encarcelado y que media docena de presidentes o expresidentes suramericanos perderían el puesto o serían llevados a los tribunales por los sobornos relacionados con la compañía. Cristina Fernández de Kirchner , Rafael Correa y Nicolás Maduro llenaron de verborrea antiimperialista el plenario de presidentes, sin prever que en poco tiempo quedarían completamente arrinconados (sin apenas poder político los dos primeros, y tildado internacionalmente de dictador y paria el tercero).

Latinoamérica ha despertado de la situación previa y se encuentra en medio de esa resaca. No está claro, sin embargo, que su reacción vaya a ser muy efectiva. Ni la corrupción se va a acabar, ni el populismo –de izquierdas o de derechas– va a desaparecer, precisamente en un momento de inquietud social en todo el mundo. Pero algunas medidas aprobadas en Perú debieran ayudar a combatir esos dos males en la región.

La declaración contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro, aprobada por los 17 países que han venido siendo más críticos con Caracas (el llamado Grupo de Lima y Estados Unidos), llama a no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del próximo 20 de mayo, dado que no existen las «garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático», por lo que esas elecciones «carecerán de legitimidad y credibilidad».

El éxito de esa presión dependerá de lo lejos que estén dispuestos a ir los países firmantes en su negativa a reconocer a Maduro como presidente a partir de enero de 2019, que es cuanto deberá juramentar de nuevo el cargo. ¿Le seguirán dando ese título? ¿Recibirán como ministros a los miembros del nuevo Gobierno venezolano? ¿Se reunirán con ellos en encuentros bilaterales o multilaterales?

La experiencia indica que es difícil cumplir a rajatabla ese propósito: también muchos países cuestionaron las elecciones de 2013, pero pronto entraron en la inercia de unas relaciones diplomáticas normales. Además, aunque ahora se llama a «ampliar y fortalecer» las sanciones contra las autoridades chavistas, en realidad estas solo han sido aplicadas por Estados Unidos, Canadá y Panamá (también por la Unión Europea y Suiza).

Especialmente efectivo debiera ser el compromiso a seguir reconociendo solo a la Asamblea Nacional legítima , de manera que no tengan validez internacional los acuerdos comerciales o disposiciones jurídicas que establezca la asamblea chavista paralela. Eso es lo que más daño está haciendo al régimen, al ver limitada su capacidad de acuerdos de explotación petrolera o de emisión de bonos.

En cuanto al combate contra la corrupción, la cumbre aprobó el Compromiso de Lima , en el que se incluyen 57 puntos orientados a fortalecer la gobernabilidad democrática; aumentar la transparencia , el acceso a la información y la protección de denunciantes; mejorar la regulación de la financiación de las organizaciones políticas y de las campañas electorales; prevenir la corrupción en obras y contrataciones públicas ; confrontar el soborno internacional y el lavado de activos, y perfeccionar los mecanismos interamericanos anticorrupción.

Aunque la larga lista de medidas puede quedar en muchos aspectos en mero deseo, el aumento del volumen de las clases medias en Latinoamérica y su exigencia de mayor control democrático conducirá previsiblemente a una extensión de las prácticas honestas de gobierno. La denuncia de más casos de corrupción y la alarma social provocada por estos son síntoma de ese progreso.