Cuba, la represión que no cesa

Las cifras de los últimos años avalan estas declaraciones: tras la liberación de 53 presos políticos en enero de 2015 , como parte de las negociaciones con EE.UU., quedaron en prisión 61 opositores; un año después, la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional situaba el número de encarcelados por disentir del régimen en 89 personas. En 2018, la cifra había aumentado a 120, según el mismo organismo independiente, mientras que en octubre de 2020, la ONG Prisoners Defenders la incrementaba a los 138 presos políticos.

«Durante la política de “deshielo” de las relaciones con Cuba que propuso el Presidente Obama, hubo algunos avances, tales como la liberación de presos políticos, pero a su vez altibajos en las cifras de detenciones arbitrarias», explica a ABC Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW).

Estas últimas se producen a miles cada año. «Lo cierto es que las cifras de la represión en Cuba, en particular detenciones arbitrarias por periodos breves, oscilan principalmente en función de la iniciativas de los disidentes para organizar manifestaciones o expresarse públicamente en contra del régimen. Hasta ahora, la maquinaria de represión y censura establecida por Fidel y Raúl Castro en Cuba continúa completamente vigente. El Gobierno sigue reprimiendo prácticamente todas las formas de disenso a través de un amplio menú de practicas abusivas que incluyen las detenciones arbitrarias, los actos de desprestigio, la censura, la vigilancia y el acoso».

Por su parte, Prisoners Defenders ha recabado datos de «cómo cada mes cuatro nuevos convictos de conciencia entran en las cárceles de Cuba. Más de 250 opositores inocentes han entrado en prisión desde que la lista contara sólo con apenas 50 nombres, tras la liberación de 53 de ellos negociada por Barak Obama. Igualmente, cada año en curso más de 10.000 personas son condenadas con penas de 1 a 4 años como consecuencia de desafección socialista por medio de condenas pre-delictivas , es decir, sin que se hayan cometido delitos por “observarse una conducta en contradicción con la moral socialista”».

En los últimos años el régimen ha alumbrado nuevas normas legislativas para reprimir los derechos fundamentales de los cubanos. «Así entre los cambios legislativos más negativos en Cuba en los últimos años se encuentra el Decreto Ley 349 , que criminaliza la expresión artística no tolerada, y que sigue en vigor». Norma que en la actualidad ha provocado la ola represiva contra los artistas, que ha llevado varios miembros del colectivo Movimiento San Isidro , entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara , a realizar una huelga de hambre como protesta por la detención del rapero Denis Solis, condenado a ocho meses de cárcel «en un juicio sumarísimo por falso desacato», según PD.

Otra norma restrictiva es el Decreto Ley 370 , «que criminaliza la libertad de expresión en redes sociales con la posibilidad de multas impagables y, como consecuencia del impago, la cárcel». Este decreto ha sido utilizado de manera masiva por el régimen cubano durante el Covid-19 contra periodistas independientes.

Estas dos normas y las consecuencias que han tenido sobre la población civil de Cuba ha sido ampliamente contestadas por organismos internacionales, como la Unión Europea, Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o la propia Prisoners Defenders.

Por otro lado, la Ley 131 de diciembre de 2019 , Ley de Organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba también incluye un cambio para que el pueblo exprese su soberanía, que lo convierte en imposible de practicar. «Si bien antes eran tan sólo necesarias 10.000 firmas en la Asamblea Nacional para someter a ésta una propuesta ahora esta Ley indica que, además, cada una de las firmas deberá llevar un certificado de elector completo que es algo que sólo el Estado puede dar al ciudadano, uno por uno, por lo que se hace imposible recopilar firma alguna».

Y la más importante de todas las normas que rigen la vida de los cubanos, la Nueva Constitución, de abril de 2019 , «que lejos de aportar nuevos derechos, supedita expresamente a las leyes de grado inferior los mismos derechos que parece conceder, por lo que los deja inamovibles, pero además marca la supra-Constitucionalidad del Partido Comunista como máximo y supremo órgano de poder del Estado de Cuba, y declara como irrevocable el sistema dictatorial actual, por lo que aleja del pueblo toda soberanía sobre su futuro», concluye PD.