La corrupción deja en vilo al gobierno rumano

El hasta ahora presidente de la cámara, el líder del Partido Socialdemócrata (PSD) Liviu Dragnea, considerado el primer ministro en la sombra y que no ocupa oficialmente el cargo por haber sido considerado culpable en un juicio por corrupción, fue encarcelado el lunes. Dragnea fue condenado a tres años y medio de prisión por malversación y conducido a la cárcel de Rahova, en los suburbios del sur de Bucarest , después de que la Alta Corte de Casación de Rumanía, que se ocupa de las apelaciones en casos que involucran a responsables políticos, confirmase el veredicto en su contra. En primera instancia, había sido hallado culpable de haber presionado para que dos empleados locales de su partido fuesen contratados de manera ficticia por los servicios de protección de la niñez en su feudo de Teleorman. Esto le impidió concurrir a las elecciones, pero Dragnea había mostrado su poder haciéndose investir presidente del parlamento y derribando dos primeros ministros en siete meses, antes de nombrar en enero de 2018 a Viorica Dancila, una persona de su entera confianza.

La continuidad del gobierno rumano está ahora en el aire, tras desaparecer su verdadero hombre fuerte, perder votos en las elecciones europeas y ver rechazada su polémica reforma judicial en el referéndum celebrado también el domino, contra las reformas del sistema judicial del Gobierno socialdemócrata y que logró superar en 13 puntos el límite de participación que obliga a tener en cuenta su resultado. La consulta, convocada por el presidente, el conservador Klaus Iohannis, pregunta a los ciudadanos si quieren prohibir los indultos a políticos condenados por corrupción e ilegalizar los decretos gubernamentales para reformar el sistema judicial. Según afirmó ayer Iohannis, más de un 80% de los rumanos que votaron en la consulta se pronunciaron a favor de la prohibición de los indultos. «Ha ganado la Rumanía europea y democrática, la Rumanía en la que la Justicia es independiente y en la que los ladrones y los delincuentes están en la cárcel y no al frente del Estado», declaró el presidente en un mensaje a la nación. «Le han dado una lección dura al populismo, a la demagogia y al discurso antieuropeo y antijusticia del PSD», añadió.

Ante esta situación, los conservadores del PNL y el propio Iohannis han pedido al Gobierno que dimita y permita a la oposición formar un nuevo Ejecutivo. El PSD y el entorno de Dragnea, sin embargo, rechazan la idea de abandonar el poder y acusan al que denominan «Estado paralelo», que estaría formado por los servicios de inteligencia y dirigido por el conservador Traian Basescu, quien fue presidente del país entre 2004 y 2014, de instrumentalizar políticamente el sistema judicial contra los socialdemócratas. Tras una reunión extraordinaria que tuvo lugar en la tarde de ayer, la directiva del partido se limitó a sustituir como presidente ejecutivo del partido a Paul Stanescu. «Hemos entendido el significado de la votación y hemos realizado un análisis en el partido para ver qué hemos hecho mal, para corregir los errores y unirnos, para llegar más lejos», dijo Viorica Dancila.

El movimiento civil y político contra la corrupción en Rumanía, que alcanza un hito con el encarcelamiento de Dragnea, arrancó en 2015, tras el incendio en una discoteca de Bucarest que acabó con la vida de 65 personas. El local tenía licencia de apertura a pesar de no contar con la seguridad necesaria. Fue la gota que colmó el vaso de la indignación ciudadana, y durante los últimos años las manifestaciones contra la corrupción han jalonado la vida política del país. «El futuro de Rumanía ha estados secuestrado durante décadas porque el debate no se ha centrado en las infraestructuras, en los hospitales, en la educación o en motivar a los jóvenes para que se queden en el país», explica Dan Barna, «todos los esfuerzos del gobierno se han centrado en los problemas judiciales del señor Dragnea».

«Hemos obtenido éxitos importantes en la lucha contra la corrupción, pero también hemos tenido que afrontar problemas. Se ha ejercido presión sobre los fiscales y los jueces . Y eso ha tenido una influencia negativa», justifica sin embargo George Ciamba, ministro de Asuntos Exteriores, «para nosotros lo importante es garantizar la independencia de los jueces y de los fiscales. La situación está ahora en manos del Parlamento».