El Constitucional alemán permite la deportación a Túnez de un guardaespaldas de Bin Laden

Sami A., tunecino salafista ha vivido en Alemania como refugiado desde 2005

Corresponsal en BerlínActualizado:

En última instancia, el Tribunal Constitucional alemán ha sentenciado esta mañana a favor de la deportación de Sami A., tunecino salafista que trabajó como guardaespaldas personal de Bin Laden y que desde 2005 ha vivido en Alemania como refugiado. El Constitucional rechaza así el recurso interpuesto por el tunecino, que alegaba las amenazas de tortura y represalias formuladas en Túnez contra su persona. Termina así un controvertido proceso de deportación que ha movilizado a la opinión pública alemana y que ha puesto de manifiesto las dificultades prácticamente insalvables que establece la ley de asilo para las autoridades alemanas.

Sami A. trabajó para Bin Laden al menos hasta 2003, fecha es que se disgregó de la corte del líder de Al Qaeda y entró en Alemania como solicitante de asilo junto a su mujer y sus cuatro hijos. Tal y como establece la ley de asilo en este país, comenzó a recibir ayuda sociales que le permitían mantener a su familia y no ha llegado a tener nunca un trabajo. A pesar de haber sido declarado culpable por cuatro tribunales de pertenencia a Al Qaeda y apoyo al terrorismo, obtuvo el estatus de asilo político en Alemania debido a que en su país «tiene más probabilidades de sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes», según la sentencia en última instancia del Tribunal Administrativo Superior alemán emitida en abril de 2017.

Aunque se sabe con seguridad que fue uno de los encargados de la seguridad de Bin Laden después de los atentados del 11S y cuando éste era el terrorista más buscado del mundo, los intentos de deportación por parte de varias instancias de las autoridades alemanas no llegaron a prosperar hasta que, en medio de un gran escándalo, la Policía de Bochum (oeste de Alemania) lo detuvo en junio de 2018. La detención se produjo durante la visita que el detenido estaba obligado a acudir a la comisaría local diariamente, por estar fichado como individuo peligroso por sus contactos con el terrorismo islámico y sus creencias islámicas radicales, a las que nunca ha renunciado.

Dado que pertenecía a la lista de terroristas en suelo alemán y era objeto de vigilancia policial permanente, debía presentarse diariamente en una comisaría como única responsabilidad. A cambio, recibía subsidios por 1.167 euros al mes. Tras su detención fue deportado de Túnez en julio del año pasado y tras obtener Alemania una nota verbal de la embajada de Túnez con garantías diplomáticas para su seguridad. Solo así pudo el tribunal administrativo competente concluir que, «la amenaza de tortura ya no es probable». Sami A., entonces, interpuso un recurso que termina ahora con la decisión de Constitucional. Sus cuatro hijos de entre 5 y 12 años, sin embargo, permanecerán en Alemania junto a su madre.

El de Sami A. no es un caso aislado y la polémica por su prolongada permanencia en Alemania, así como por su vida subvencionada con recursos públicos, ha impulsado un cambio de normativa para facilitar las deportaciones. Según los datos más recientes, en los últimos cuatro años han sido ordenadas 188.000 expulsiones, de las cuales algo menos de la mitad no llegaron a materializarse. Para acabar con esa parálisis, el gobierno alemán ha aprobado esta primavera un proyecto de ley que acelera la expulsión de los refugiados cuya petición de asilo haya sido rechazada y que incluye retener en la cárcel a los que estén a punto de ser deportados para facilitar esa operación. La «ley de devolución ordenada» propuesta por el ministro de Interior, Horst Seehofer, permite además gastar menos dinero público que antes en extranjeros que ya están reconocidos como refugiados en otro país de la UE. «Las obligaciones de Alemania quedan limitadas a comprar el billete de vuelta, por así decirlo, y el país queda liberado de la manutención durante años de personas que no tienen derecho a recibir asilo político», explica el jefe adjunto del grupo parlamentario conservador, Thorsten Frei. La nueva normativa facilita además la incorporación al mercado laboral de los asilados capacitados para trabajar, a los que se facilitará el acceso a cursos de idioma e integración. Hasta ahora el hecho de ser reconocido en estatus de asilo político era prácticamente incompatible con la integración laboral.

El Ministerio de Interior alemán estima que hay unos 700.000 refugiados, registrados como tales entre 2015 y 2017, cuya solicitud está aún pendiente de una decisión definitiva, debido a que en 2015 ingresaron en Alemania casi un millón de solicitantes de asilo que desbordaron la capacidad de acogida y gestión de esos casos. Durante el periodo que dure la tramitación de las solicitudes, la ley alemana obliga a garantizar a todos ellos techo, sustento y atención médica, así como escolarización para los niños. Los beneficios de la ley de Inmigración y Asilo de Alemania eran bien conocidos por Sami A., que llegó por primera vez al país en 1997, como un estudiante de 21 años. A partir de 1999 entró en contacto con Al Qaeday en los años posteriores recibió entrenamiento en campos terroristas en Afganistán, escalando posiciones hasta pasar a formar parte de la guardia personal de Bin Laden, al que llegó a acompañar en su escondite de Abbottabad, en Pakistán.