La confusión se cierne sobre los ciudadanos europeos en Reino Unido

Una de sus últimas amenazas fue anunciar hace unos días que un Brexit duro el 31 de octubre acabaría de forma inmediata con la libre circulación de ciudadanos europeos. Sin embargo, esta misma semana el Gobierno ha informado de que los ciudadanos de la UE que lleguen a Reino Unido antes de que concluya el 2020 podrán solicitar permanecer tres años en el país.

En el acuerdo de salida que negoció la exprimera ministra británica Theresa May con Bruselas y que fue rechazado por el Parlamento, se establecía un período de transición. Sin embargo, las ambivalencias en la posición de Johnson deja en ascuas a los 3,2 millones de europeos que viven en el Reino Unido y que ahora ven con preocupación y ansiedad su futuro en el país, sobre todo ante la ausencia de más detalles a este respecto y los continuos cambios en las directrices.

Colin Yeo, abogado especialista en derecho de inmigración y fundador de freemovemente.org.uk, es tajante: «Como hemos visto repetidamente desde que Johnson se convirtió en primer ministro, lo que el gobierno dice hoy no es necesariamente lo que el gobierno hará mañana». Además, afirma que cuando llegue el final de la libre circulación, ya sea el próximo mes o en el 2021, será inevitable que deje a su paso «una población significativa de ciudadanos europeos que se conviertan en residentes ilegales».

«Estamos enfrentándonos a una pérdida de derechos con respecto a la movilidad y el asentamiento», explicó a ABC Silvia González, española residente en Londres y miembro del equipo de «The 3 Million», organización que defiende los intereses de los ciudadanos comunitarios residentes en Reino Unido. «Pasa de ser un derecho declaratorio a ser constitutivo de derecho, es decir, que al suspenderse la libre circulación, es necesario adquirir un nuevo estatus legal que debe conceder el gobierno, y si no lo concede, la persona queda en situación irregular». Esto, a su vez, afecta a los 1,3 millones de británicos que viven en el espacio común europeo y cuya situación legal quedaría a merced de los acuerdos bilaterales posteriores al divorcio. «Como organización no somos anti o pro Brexit. No debatimos el fondo. Queremos que los cambios derivados de la salida se mantengan positivos», explica González, que añade que «hay mucha desinformación y nadie sabe en realidad qué va a pasar».

Ante este panorama, una de las recomendaciones que hacen desde la organización a los comunitarios, es que soliciten cuanto antes el «Settled Status», si llevan más de cinco años en el país, o el «pre-settled status» si es menos tiempo. Esto es el equivalente a un permiso de residencia para poder permanecer de forma legal en el territorio, sobre todo si finalmente se produce una salida a las bravas. «El problema es demostrar cuánto tiempo se lleva viviendo aquí», explica González, «ya que a diferencia de España, donde es obligatorio pertenecer a un sistema de registro -tener DNI y estar empadronado- eso aquí no existe» así que hay que demostrar con documentos como recibos de suministros, cuentas bancarias o contratos del alquiler el tiempo de residencia «y eso no es sencillo para todo el mundo, hay casos muy complicados, como el de personas mayores o enfermas, sin acceso a internet o que no hablan bien el inglés».

La desinformación y la preocupación de los ciudadanos comunitarios fue constatada por ABC en conversaciones mantenidas con personas de diferentes procedencias. Todas coinciden en que el actual clima político y las constantes declaraciones de Johnson -muchas de ellas contradictorias- «están provocando una gran confusión y ansiedad entre la gente», en palabras de la holandesa Hedwig Hegtermans, que lleva 18 años en el país.