La oposición unida impide a Johnson adelantar las elecciones a octubre

El paso de la ley y los debates sobre el Brexit han agriado también las maneras tradicionales en la Cámara de los Lores, donde una mayoría de políticos semijubilados, noventa aristócratas, obispos anglicanos, jueces y personalidades destacadas en sus profesiones suelen revisar con gran cortesía y menor partidismo que en la Cámara Baja las leyes que aprueban los Comunes.

La tensión se redujo cuando los lores del Gobierno renunciaron en la madrugada del jueves a bloquear la ley mediante la presentación y posterior votación de enmiendas insustanciales, pero hasta el último debate sobre dos enmiendas significativas, más tarde rechazadas, los intercambios entre las que un participante llamó «facciones» tuvieron acritud inusual.

La aprobación significa que el lunes los Comunes darán el visto bueno final a la ley y el sello de la Reina lo incluirá en el cuerpo legislativo del Reino Unido. Obliga al primer ministro a someter a votación la marcha sin acuerdo con la UE, si no lo ha logrado en el Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, y a pedir una extensión del plazo hasta el 31 de enero.

Es una ley de «rendición», que da a la UE el control de la negociación e impide el acuerdo, según Johnson, que reaccionó proponiendo la convocatoria de elecciones. No logró sumar dos tercios de los escaños como exige la ley y, también el lunes, propondrá al Parlamento los comicios anticipados. La oposición se ha coordinado y rechazará la moción del Gobierno. Los laboristas, los liberal demócratas, los nacionalistas y el partido galés Plaid Cymru alcanzaron el acuerdo que impedirá el adelanto electoral que pretendía Johnson para el 15 de octubre, antes de la cumbre europea del 17 de ese mes.

Mientras los eventos en Westminster fomentaban el sentimiento de que los designios de Johnson serán frustrados -la libra ha ascendido en su cotización coincidiendo con la cadena de sus derrotas-, el primer ministro se fue a Escocia, donde anunció el pago de fondos que se debían a los granjeros y se entrevistó con la Reina Isabel II en su residencia de Balmoral.

La víspera, en Wakefield, norte de Inglaterra, perdió la coherencia pronunciando un discurso y fue criticado por lanzar su precampaña electoral teniendo como telón de fondo a estudiantes en una academia de Policía, abusando de una institución políticamente neutral cuando sus ayudantes habían prometido que hablaría de su plan para aumentar el número de policías.

En Escocia centró sus declaraciones en asuntos agropecuarios, asegurando en una entrevista que Estados Unidos aceptará la importación de buena carne escocesa de vacuno y ovino sin exigir la exportación de sus productos, más baratos y tratados con métodos no permitidos en la UE. Y afirmó que los ganaderos escoceses son ambivalentes sobre la posible imposición de aranceles tras el Brexit.

En el final del debate en la Cámara de los Lores se preguntó a los portavoces del Gobierno si es cierto que Johnson planea solicitar la extensión al Consejo Europeo y luego utilizar su veto para impedirla.

Otros especulan sobre la posibilidad de que Boris Johnson presente una moción de censura contra su propio Gobierno para provocar su caída y las elecciones. Son síntomas del actual desconcierto en el sistema político.

La oposición se ha unido para frustrar la larga suspensión del Parlamento decretada por el Gobierno y Johnson se presenta como el líder que no quería elecciones pero se ve forzado a convocarlas. «Chicken», pollo o cobarde, increpa al laborista Jeremy Corbyn por rehusar las elecciones. El público se pregunta si todo esto obedece a un plan y, si es así, cuál será su siguiente paso.

Entre tanto, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales negó ayer la petición de la activista Gina Miller, del ex primer ministro John Major y de varios líderes políticos de la oposición para que cancele la extensa suspensión del Parlamento decretada por el Gobierno y que se producirá la próxima semana. Los tres casos que se han iniciado con el mismo objetivo serán fundidos por el Tribunal Supremo.

El abogado de Miller, David Pannick, argumentó durante la vista del jueves que la suspensión constituye un abuso de poder. «Quiebra el principio legal de la soberanía parlamentaria porque su efecto es eliminar la capacidad del Parlamento de promulgar la legislación que considere conveniente», afirmó. Reconoció que el primer ministro tiene el poder de suspender el Parlamento, «pero hacerlo durante cinco semanas en tal momento crítico» no es requerido para presentar su programa legislativo.

Las causas emprendidas contra el Gobierno tras el anuncio de la suspensión, el 28 de agosto, han quedado deslucidas, porque el Parlamento ha aprovechado los días anteriores a la suspensión para aprobar una ley que impediría la marcha sin acuerdo. La tramitación de la ley culminará el lunes, antes de recibir el sello real.

El Gobierno estaría sufriendo ahora las consecuencias de la suspensión, porque está empeñado en provocar unas elecciones anticipadas el 15 de octubre, pero si no logra que los Comunes apoyen la convocatoria el lunes, la suspensión del Parlamento significa que solo podría acordarse a partir del 14 de octubre para que las elecciones se celebren en noviembre. El Gobierno ha recortado con su decisión su propio margen de maniobra.

Los tribunales seguirán su curso dictaminando sobre las cuestiones de principio. Un juez escocés ya rechazó el miércoles la petición de más de setenta diputados, por considerar que se trata de una cuestión política, ahora es el Tribunal Superior, que publicará sus argumentos la próxima semana, y hay otro caso en Belfast.

El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en Inglaterra y Gales, y con áreas de competencia limitadas en recursos a sentencias de los tribunales escoceses, ha decidido fundir las peticiones y analizarlas a partir del día 17.

Pannick y el equipo legal del caso en Londres han logrado que el Gobierno entregue documentos al Tribunal, correspondencia interna en Downing Street entre los funcionarios y políticos que analizaron la idoneidad y efecto de la suspensión y tomaron la decisión. Los documentos muestran que era una estrategia planeada y los abogados están demandando declaraciones juradas de los participantes sobre los hechos.