Los colombianos comienzan a votar para ratificar o rechazar una «paz estable y duradera» con las FARC

«Acabo de depositar mi voto en este plebiscito histórico que espero cambie para bien la historia de este país . Hoy, en este día, nació Ghandi, ese personaje que tanto nos enseñó sobre la cultura de la no violencia. Quiero resaltar esa coincidencia, porque es Colombia quien quiere adoptar esta cultura. Debemos asimilar que la paz es el camino para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mejor país», ha declarado el mandatario.

«¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?», es la pregunta a la que los colombianos deberán responder con un simple «sí» o «no» , valorando en bloque los textos de La Habana.

El umbral mínimo de participación para que el plebiscito sea válido está en el 13% del censo electoral, formado por 33 de los 48 millones de habitantes que tiene Colombia , por lo que solo se requieren 4,5 millones para que el acuerdo de paz sea aprobado o rechazado. Este censo electoral incluye a los cerca de 600.000 colombianos que están habilitados para votar en el extranjero. Más de 85.000 podrán hacerlo en España entre las 8.00 y las 16.00 en las 193 mesas de votación repartidas por los consulados en Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete, Valladolid, Sevilla, Bilbao, Lugo, Palma de Mallorca y Gran Canaria.

Los últimos sondeos sobre intención de voto, publicados esta misma semana, auguran una victoria del «sí» . Ipsos ha pronosticado que el 66 por ciento de los colombianos apoyará el acuerdo de paz, mientras que Cifras & Conceptos apunta a un 62%.

El problema es la participación. Según Ipsos, solo el 40% de los electores ejercerá su derecho al voto en el plebiscito , dato que Cifras & Conceptos rebaja al 37%, aunque en ambos casos sería válido por el reducido umbral que han acordado las partes. Este es uno de los principales caballos de batalla de la campaña por el «no», que critica que el Gobierno prácticamente ha hecho desaparecer el requisito de la participación mínima al situarla en el 13%, cuando en un principio se barajaba el 25%. «Lo que pasaba con ese umbral era que la gente que no le gusta el plebiscito salía a decir 'no voto' y para obligarlos a decir que 'no' (...) lo ponemos en el 13 por ciento», explica el senador Armando Benedetti, uno de los ponentes del proyecto de ley para el plebiscito.

Otra de las críticas opositoras es la formulación de la pregunta. El Centro Democrático, partido político del expresidente Álvaro Uribe , considera que es una pregunta «trampa» porque no plantea la disyuntiva de aprobar o rechazar el acuerdo, sino de decidir entre paz o guerra. «La pregunta que se le hace al pueblo es si aprueba o no el acuerdo final, no es una pregunta retórica sobre si los colombianos quieren o no la paz, sino sobre si apoyan o no el acuerdo final», ha defendido Santos. «No es una pregunta confusa», sostiene.

La discusión sobre la pregunta esconde en realidad un debate más profundo sobre qué ocurrirá una vez conocido el resultado de la consulta popular , especialmente si los colombianos tumban lo negociado durante los últimos cuatro años en la capital cubana.

El escenario tras el «sí» ofrece pocas dudas. El acuerdo de paz cobrará plena vigencia, aunque algunos puntos comenzaron a aplicarse desde el 24 de agosto, cuando se cerró el texto definitivo, como la movilización de los guerrilleros hacia las zonas de concentración; o desde el 26 de septiembre, cuando tuvo lugar la firma solemne, como el proceso de desarme . En cambio, la hipótesis del «no» plantea un futuro incierto. «Esto sería catastrófico», ha advertido Santos, explicando que, en este caso, «volvemos a lo que teníamos al comienzo de este Gobierno: volvemos al conflicto armado».

El «uribismo», por su parte, afirma que el «no» es en realidad una vía para abrir las negociaciones con las FARC y corregir el acuerdo. El expresidente ha aclarado que está a favor de la paz e incluso se ha mostrado dispuesto a participar en una nueva negociación con la guerrilla. El también expresidente César Gaviria, que dirige la campaña por el «sí», ha enfatizado que «es falso que los acuerdos de paz se puedan renegociar: si estos no se aprueban en el plebiscito, es duro decirlo, pero volvería la guerra».

Lo cierto es que las partes no han previsto qué pasará si el pueblo colombiano da la espalda a lo pactado. El propio Santos ha admitido que no tiene un «plan B» porque no contempla que pueda ocurrir algo así. «Yo estoy seguro de que va a ganar el 'sí'», ha afirmado.

El texto sobre el que deben pronunciarse los colombianos consta de 297 páginas en las que se desgranan seis acuerdos parciales: desarrollo agrario y rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación de lo pactado. El acuerdo sobre desarrollo agrario y rural contempla la creación de un Fondo de Tierras para lograr la «democratización» del campo colombiano, «en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa».

El objetivo de la participación política, por otro lado, es que surjan nuevas fuerzas, entre ellas el partido en el que se transformen las FARC una vez desmovilizadas, con las suficientes garantías de seguridad para desarrollar su labor , que se concretarán en un «estatuto de la oposición». Las FARC se han comprometido además a «poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con el narcotráfico». Las partes han diseñado un mecanismo para la erradicación de los cultivos ilícitos y su sustitución por otros legales.

Uno de los pilares del acuerdo es el relativo a las víctimas, que crea una jurisdicción encargada de esclarecer y sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales cometidos en el conflicto armado por todos los que hayan participado en él, que se completa con medidas para obtener verdad y reparación e impedir la repetición. Las partes han pactado un cronograma que da 180 días a las FARC para entregar las armas. Los guerrilleros se concentrarán en zonas y puntos concretos del territorio hasta que se reincorporen plenamente a la vida civil, donde estarán protegidos por una misión internacional bajo el paraguas de la ONU.

La campaña por el «no» denuncia que con este acuerdo «el Gobierno acepta impunidad» para los crímenes internacionales cometidos durante la guerra porque aquellos guerrilleros que confiesen podrán librarse de pasar una larga temporada entre rejas. En concreto, alerta de que supondrá una amnistía por narcotráfico a las FARC —«el cártel de cocaína más grande del mundo», según Uribe— y que el dinero obtenido con ello no se les exigirá para indemnizar a las víctimas, sino que «tendrá que hacerse con recursos de los contribuyentes».

Para los críticos también es inaceptable que los guerrilleros que han escapado a la justicia ordinaria puedan acceder a escaños en el Congreso e incluso a la Presidencia de Colombia. « Se repite el grave error de asociar al Estado con criminales », lamenta Uribe. Sin embargo, el propio Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, reconoció en agosto que el acuerdo no era perfecto pero sí «el mejor posible». Ahora, en palabras de Santos, «falta el voto del pueblo colombiano» para «cambiar la historia».