Las claves de la Asamblea Constituyente con la que Maduro quiere eternizarse en el poder

La oposición volverá a salir este domingo a las calles en un último intento de frenar el proyecto autoritario de Maduro, pero enfrente tendrá al aparato represivo del régimen chavista, que ha amenazado con penas de entre cinco y diez años de prisión para quien obstaculice el proceso.

Estas son las claves para entender estos momentos en los que Venezuela se juega su futuro.

La convocatoria de una Asamblea Constituyente está contemplada en la Constitución chavista de 1999 como una vía para «transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Maduro fue mucho más rotundo cuando el 28 de mayo declaró que es una Constituyente «para cambiarlo todo».

Según la Constitución, el presidente tiene potestad para convocar la Constituyente, aunque no para objetar la Carta Magna que de ella resulte, que pasará a situarse por encima de cualquier otra ley de las que rigen en Venezuela.

La oposición considera que la Asamblea Constituyente es el último cartucho que le queda a un Maduro desgastado por el descontento social y la crisis económica que asola Venezuela. La popularidad del dirigente, en caída libre, no le garantiza una victoria en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse en 2018. Así las cosas, la formación de una Asamblea Constituyente, viciada desde el mismo proceso de designación para favorecer al régimen, sería la única forma de lograr la perpetuación de las instituciones chavistas en el país.

La Asamblea Constituyente tendrá 545 miembros : 364 de ellos serán elegidos por voto territorial (cada uno de los 24 estados elegirá a un número de miembros proporcional a su población), 173 se votarán por sectores (79 serán elegidos por trabajadores, 8 por campesinos y pescadores, 24 por estudiantes, 5 por discapacitados, 28 por pensionistas, 5 por empresarios y 24 por los consejos comunales) y los 8 restantes representarán a los pueblos indígenas .

La oposición ha criticado este sistema de votación sectorial al considerar que favorece al oficialismo y que no respeta el principio de sufragio universal y directo recogido en la Constitución.

Según el Consejo Nacional Electoral, más de 19 millones de venezolanos están llamados a ejercer su derecho al voto , que en este caso parece haberse convertido en una obligación: «Quien no vote está traicionando la revolución», ha advertido el diputado chavista Diosdado Cabello.

Ya desde el día después del anuncio de Maduro de la convocatoria de una Constituyente la oposición tachó el proceso de «golpe de Estado» . La coyuntura deja a los opositores en una posición paradójica, pues son ellos los que están defendiendo la Constitución redactada por Chávez.

Desde entonces, se han sucedido las manifestaciones, tres jornadas de huelga general y una consulta el pasado 16 de julio en la que se preguntaba a los venezolanos su opinión sobre la Constituyente. El gran dilema al que se ha venido enfrentando la oposición estas semanas es sobre la conveniencia o no de su participación electoral en la votación : para muchos es una trampa del gobierno, para otros una oportunidad de ganar terreno y hacer presión.

Uno de los hechos novedosos en esta ocasión son las críticas al proyecto salidas de figuras de peso del chavismo . La más conocida es la de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha defendido la vigencia y validez de la Constitución chavista del 99 para superar la crisis que atraviesa Venezuela.

Si todo sigue según los cauces establecidos por el gobierno, la Carta Magna promulgada en 1999 será sustituida por la redactada en la Asamblea Constituyente. Para Maduro, se trata de «perfeccionar» el proyecto político de su antecesor y de proteger sus conquistas sociales. «Este es el viejo sueño de Hugo Chávez, pero en 1998 las condiciones no estaban dadas», ha dicho Maduro.

De momento, se desconoce el papel que jugará la Asamblea Nacional , donde la oposición tiene mayoría desde las legislativas de diciembre de 2015. El Tribunal Supremo de Justicia retiró sus funciones al Parlamento tras acusarlo de desacato y bloquea sus iniciativas legislativas. De hecho, esta apropiación del TSJ de los poderes del Parlamento está en el germen de las movilizaciones que vienen dándose en Venezuela en los últimos meses.

Además, está en el aire la celebración de unas elecciones regionales, que debieran haber tenido lugar a finales de 2016 , y unas municipales que en teoría se celebrarán este año. Las presidenciales, fechadas para finales del 2018, tampoco tienen ninguna garantía de celebrarse si finalmente se acomete la «transformación del Estado» que contempla el gobierno.