Cientos de venezolanos son detenidos después de ser señalados por medios chavistas

Esta es la conclusión que se refleja en el informe ‘Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela’, publicado ayer por Amnistía Internacional junto a las organizaciones venezolanas Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y el Foro Penal, donde exponen la perfecta coordinación en esta forma de represión contra personas críticas o incómodas para el gobierno.

Cientos de venezolanos han sido detenidos arbitrariamente después de ser señalados por medios de comunicación afines al Gobierno de Maduro bajo el completo amparo estatal. Son expuestos y hostigados por la televisión pública , internet y redes sociales para sembrar miedo entre ellos y, de esta manera, neutralizar el trabajo de denuncia que vienen haciendo.

Tras analizar un conjunto de datos, las organizaciones identificaron más de 300 eventos de estigmatización entre enero de 2019 a junio de 2021 y concluyeron que la difusión de los mensajes estigmatizantes o de odio promovidos por las autoridades venezolanas «constituyen actos de persecución» y sirven «al propósito de la política de represión» del régimen.

En concreto, el estudio revela que en 2019 la correlación general entre los ataques en los medios y las detenciones por motivos políticos fue del 29%. Pero la persecución se ha recrudecido tanto que en 2020 creció un 42% y en el primer semestre del 2021 alcanzó el 77%.

De acuerdo con el estudio, en 486 detenciones arbitrarias, el portal web “Misión Verdad” había realizado estigmatizaciones tres días antes de que sucediera el arresto. De igual forma, en 481 casos habría ocurrido lo mismo por parte del programa televisivo ‘Con El Mazo Dando’, y en alrededor de 100 casos los arrestos se producían tres días después de que el portal ‘Lechuguinos’ publicara información acusatoria.

Los arrestos fueron llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin embargo, en el último año hubo un incremento de arrestos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional desplazando a la GNB y ubicándose en el primer lugar. En tres años se han registrado 1.181 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de ellas 785 han sido por estigmatizacion, según el estudio.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, remarcó que esta «coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia crímenes de lesa humanidad», por lo que pidió que sea investigado por la Justicia Internacional. El Tribunal Penal Internacional abrió ya el pasado mes de noviembre una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en el primer país en Latinoamérica en ser examinado.

«Durante años hemos documentado y denunciado la política de represión del gobierno de silenciar la crítica y la disidencia, por lo que esperamos que este informe pueda ser incluido en las investigaciones con miras a determinar actores claves en la comisión de estos delitos», apuntó Guevara.

En 2020, la Misión de la ONU vinculó a Maduro y altos cargos del Gobierno con crímenes de lesa humanidad tras analizar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra venezolanos desde el año 2014.

Mariana Romero , directora general del CDJ, asegura que la estigmatización es ahora «una política de Estado y deriva en el crimen de persecución». Entre los casos que menciona a modo de ejemplo se encuentran los ataques al Observatorio venezolano de conflictividad social, cuyo director Marco Antonio Ponce ha sido víctima de mensajes de odio desde el año 2011 y, recientemente, la ONG Fundaredes, que afrontó una fuerte campaña de estigmatización que derivó en la detención de tres de sus miembros, que permanecen hoy privados de libertad.

El Foro Penal también participó en la investigación y en palabras de su director, Gonzalo Himiob : «Este informe demuestra que no son hechos desvinculados y responde a una política materialmente vigente»; y explica que se va a poder investigar «a los actores políticos implicados que van más allá de los ejecutores inmediatos». «Podemos llegar a los que están por encima de los cuerpos de seguridad. No se trata solo de llegar al primer eslabón de la cadena sino hasta los que promueven la ejecucion de estos actos en los diferentes niveles de poder en Venezuela», afirma.

Himiob señala que en Venezuela hay 240 presos políticos , 83 de ellos llevan más de 2 años y menos de 3 en detencion preventiva; y 88 presos llevan más de 3 años.

Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que continúe el apoyo a los organismos internacionales que estudian la violación a los Derechos Humanos en Venezuela desde 2014. Así como emplazó al gobierno de Venezuela a poner fin a la práctica de detenciones arbitrarias por motivos políticos.