Censura de internet y registros sin orden judicial en Hong Kong

La antigua colonia británica, que era una de las ciudades más libres de Asia, va perdiendo sus privilegios bajo el autoritario régimen del Partido Comunista 23 años después de su devolución. Aunque Pekín se comprometió a mantener hasta 2047 su autonomía y sus libertades bajo la fórmula «Un país, dos sistemas», impuso la semana pasada esta ley para aplastar las violentas protestas que llevan un año reclamando democracia. Con un lenguaje muy vago que prácticamente lo pena todo y deja las condenas a la interpretación de los jueces, dicha legislación castiga con entre tres años de prisión y cadena perpetua la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras.

Tan draconiana ley, que no pasó por el Parlamento autónomo y cuyo contenido no se conoció hasta que fue promulgada casi a medianoche, ha desatado el miedo entre los activistas y partidarios demócratas. Asustados por su dureza, ya que criminaliza hasta llevar una bandera por la independencia, muchos hongkoneses están borrando sus comentarios políticos de las redes sociales. Aunque la legislación no tiene efecto retroactivo, dichas opiniones del pasado pueden ser usadas como agravante si alguien es detenido en el futuro. Además, está cundiendo el temor a que la Policía pueda espiar las conversaciones telefónicas y mensajes de texto, ahora que dichas prácticas no han de ser autorizadas por un tribunal, sino por la propia jefa del Gobierno local «en circunstancias especiales» sin especificar. Para evitarlo, los hongkoneses están recurriendo a aplicaciones encriptadas cuyas descargas se disparan en los últimos días, como Signal, o a conexiones VPN a servidores extranjeros de internet.

Para las redes sociales y aplicaciones de mensajería y correos electrónicos, la nueva ley también establece la obligación de entregar la información que requiera la Policía. Pero las principales plataformas, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y Google han puesto en suspenso dicha petición mientras evalúan con más detalle la normativa, incluyendo si supone una violación de la libertad de expresión y los derechos humanos. Por su parte, el servicio de mensajería Telegram, muy usado por los manifestantes para organizar sus protestas, ya ha dicho que no entregará información de sus usuarios a las autoridades. Pero estas compañías tecnológicas se enfrentan a multas de 100.000 dólares de Hong Kong o penas de dos años de cárcel. Incluso pueden ser prohibidas como en China continental, donde están censuradas.

Temiéndose lo que está al caer, ha sido precisamente una aplicación china de vídeos, la popular Tiktok , la primera en suspender su servicio en la ciudad. En cambio, sí seguirá funcionando su versión china, Douyin, que es en mandarín y sus usuarios se descargan en el continente porque sí cumple con la censura de contenidos políticamente sensibles para el régimen.

Además de por la oposición demócrata, el recorte de libertades que trae la nueva ley ha sido denunciado por la Asociación de Periodistas de Hong Kong, que presentó ayer su informe anual. «El estado de la libertad de prensa es el peor que he visto en treinta años», criticó su presidente, Chris Yeung. Buena prueba de ello son las acusaciones de los reporteros contra la Policía de Hong Kong por emplear la violencia para entorpecer su cobertura de las protestas.

Bajo el nuevo clima de miedo y represión que ha desatado la ley, de las librerías y colegios han sido retirados los libros de activistas demócratas como el popular Joshua Wong, la diputada Tanya Chan y el profesor localista Horace Chin. Rápidamente, Hong Kong va pareciéndose cada vez más a China.