Borrell asegura que aplicará la reciprocidad si Maduro expulsa a la embajadora europea en Caracas

La decisión de la dictadura venezolana de expulsar a la representante europea, la portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, y amenazar con hacer lo mismo con el embajador de España en Caracas, Jesús Silva , es la reacción a la imposición de una nueva tanda de sanciones contra personalidades relevantes del régimen venezolano, que había sido anunciada el lunes.

Desde la llegada de Josep Borrell a la dirección de la diplomacia europea, la política comunitaria se había decantado por intentar aprovechar todos los resquicios posibles para llevar al régimen hacia una negociación con la oposición. El pasado 26 de mayo se había celebrado incluso una conferencia de donantes en Bruselas para recaudar dinero con el que ayudar a los exiliados venezolanos cuya situación se agravó debido a la pandemia y al mismo tiempo Borrell anunció la convocatoria de una nueva reunión del llamado «Grupo de Contacto», creado para dar espacio a la gestión diplomática del régimen y de sus principales aliados.

Sin embargo, desde Caracas se respondió con la renovación completa de todo el plantel del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se considera como un organismo completamente parcial y deslegitimado para poder arbitrar en unas verdaderas elecciones. Según fuentes bien informadas, este gesto constituyó, a criterio de la mayoría de países europeos, la gota que colmó el vaso puesto que hace muy difícil, por no decir imposible, encontrar una salida negociada a la situación de bloqueo institucional en la que se encuentra Venezuela, con la Asamblea Nacional en manos de la oposición democrática, liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó, mientras que en los hechos el poder sigue en manos de la dictadura.

Ayer mismo, portavoces comunitarios reiteraron que la UE sigue apostando por una solución «pacífica y política» para la salida de la crisis en Venezuela «a través de elecciones presidenciales y legislativas libres y creibles». Pero con la designación arbitraria de los nuevos rectores del CNE, eso se ha considerado imposible y por ello el Consejo decidió ampliar la lista de sancionados.

Por el momento, Borrell solo ha optado por llamar a la embajadora ante la UE, Claudia Salerno Caldera, a la que públicamente se denomina «embajadora de Maduro», no de Venezuela, puesto que todos los países miembros (menos Italia) reconocen a Guaidó como presidente interino. La decisión de expulsar a la representante de la dictadura es un poco más compleja en el caso de la UE porque ha de ser decidida por unanimidad de todos los países miembros y finalmente debería ser aplicada por Bélgica, que es donde reside y cuyo Gobierno es el que le ha dado la acreditación corespondiente. Por ello, todavía es difícil anticipar cómo y cuándo esas medidas de respuesta serán adoptadas. En todo caso, la medida de convocarla ayer mismo es un primer paso muy significativo.

El Reino Unido, que ya no forma parte de la UE, también anunció que se suma a las decisión europea con una batería propia de sanciones. El responsable del Foreign Office, Dominic Raab. dijo en redes sociales que con esta medida trataban de demostrar «que las violaciones de los derechos humanos y el desprecio por la democracia en Venezuela no será tolerado», por lo que su Gobierno «seguirá trabajando con socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones independiente para defender nuestros valores».

La Unión Europea anunció el lunes por la noche una nueva lista de personalidades del régimen a las que se aplican la prohibición de entrar en territorio comunitario y se congelaban todos lo bienes que pudieran poseer en la jurisdicción de la UE.

Maduro reaccionó de forma estrambótica acusando a Bruserlas de «supremacismo» respecto a Venezuela. «La Unión Europea sigue teniendo la actitud arrogante de creerse superior a nosotros, y desde allá determinar quién se porta bien y quién se porta mal», dijo al anunciar que daba 72 horas a la diplomática para que abandone el país. Varios gobiernos iberoamericanos, entre ellos Colombia, Bolivia o Paraguay, han condenado la decisión de Maduro de expulsar a la embajadora europea.

Los sancionados son ocho dirigentes chavistas y tres diputados «opositores» de la Asamblea Nacional que, bajo las órdenes de Maduro, traicionaron a Guaidó e intentaron en enero hacerse por la fuerza con el control del Parlamento. Entre ellos destaca Luis Parra, que se autoproclamó presidente, junto a Frankyn Duarte y José Gregorio Noriega. También aparecen sancionados el militar José Ornelas Ferreira; las constituyentistas Gladys Requena y Tania Díaz; el contralor Elvis Amoroso; el magistrado del Tribunal Supremo Juan José Mendoza; el general de brigada Jorge Márquez Monsalve y los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante. La nueva lista eleva a 36 el número total de personalidades de la dictadura venezolana a las que se aplican estas sanciones.