Biden, en horas bajas: fracasan sus leyes del voto y la vacuna obligatoria

El martes, el presidente acudió a Georgia, un estado muy contestado entre demócratas y republicanos y uno de los epicentros de la campaña de falsas denuncias de fraude electoral de Donald Trump . Allí Biden dio un discurso con el que quería recuperar el pulso político, marcar la agenda, forzar a su partido a aprobar una reforma federal de las leyes de votación para impedir una ofensiva republicana que acabará haciendo más difícil votar, con mayor restricciones y filtros. Enardecido, Biden alzó la voz: «¿Elegiremos la democracia sobre la autocracia, la luz sobre las sombras, la justicia sobre la injusticia? Yo sé de qué lado estoy. No me rendiré. No me moveré. Defenderé el derecho al voto, defenderé nuestra democracia contra los enemigos, fuera y, también, dentro de nuestro país».

En 48 horas sus planes habían muerto. En un intento desesperado, el presidente invitó el jueves por la noche a los dos senadores centristas, Joe Manchin y Kristen Sinema , a la Casa Blanca a una reunión privada en la que les instó a subirse al caro de esa reforma electoral . Los necesita, porque los demócratas tienen 51 votos de 101 en el Senado, y para aprobar leyes se suele requerir una supermayoría de 60 votos, una salvaguarda del consenso y el bipartidismo. Sólo si esos dos senadores ceden y aceptan cambiar las reglas del juego en el Senado, para que valga una mayoría simple, la agenda de Biden, en materia de elecciones y otros apartados, podría prosperar. Los dos senadores, como suelen hacer, escucharon atentos pero dieron indicaciones de que no están por la labor de dinamitar el consenso.

Fue la del jueves una noche de angustia en la Casa Blanca. Momentos antes de la negativa de los dos senadores demócratas, la Corte Suprema había invalidado una de las medidas más agresivas de Biden contra la pandemia: la obligatoriedad de que las empresas de más de 100 empleados se aseguren de que estos se vacunen . Este mandato de noviembre, que iba a afectar a 84 millones de trabajadores, es inconstitucional, según la mayoría conservadora del Supremo, porque no cuenta con la aprobación previa del legislativo, es decir, del Capitolio.

Cierto es que la máxima instancia judicial sí mantuvo en pie el mandato de que los hospitales y centros médicos que reciben fondos públicos obliguen a su personal a vacunarse, algo que afectará a 17 millones de sanitarios. Pero no fue más que un premio de consolación justo cuando los contagios de coronavirus se dispararon a niveles nunca vistos.

Biden hizo campaña con una política radicalmente distinta a la de Trump con respecto al virus, priorizando el criterio médico, generalizando la administración de las vacunas y prometiendo reabrir el país completamente el pasado verano. En cambio, los contagios se han disparado esta semana a 1,35 millones el máximo desde que comenzó la pandemia. Y aunque la variante Ómicron no es tan agresiva como las anteriores, las hospitalizaciones por coronavirus también han marcado un récord esta semana: más de 145.000. La evolución de la pandemia ha sorprendido a la Casa Blanca con el paso cambiado, sin suficientes pruebas de diagnóstico y aun falta de los nuevos tratamientos desarrollados por las farmacéuticas.

Es más, Biden, a pesar de su encendida defensa de las vacunas y la ciencia, no ha sido capaz de convencer a toda la nación de lo necesarias que son. Por unos motivos o por otros, hay unos 100 millones de personas en EE.UU. que podrían tener las dos dosis, por ser mayores de cinco años, y no lo han hecho. El índice de vacunación total es solo del 63%, frente al 80% de España .

La combinación explosiva de la pandemia, con una ola masiva de bajas, y una serie de temporales ha provocado además una escasez inaudita en los supermercados estadounidenses. En las grandes ciudades se suceden las baldas vacías, y muchas familias son incapaces de encontrar productos básicos como huevos, leche o manzanas. Esas imágenes, para muchos estadounidenses impropias de su país, han copado horas y horas de telediarios y portadas en los principales diarios de la nación, asestándole un duro golpe a Biden.

No ha sido desde luego plato de buen gusto para el presidente que, además, la inflación se haya disparado a su máximo desde 1982. Las cifras del propio gobierno federal, difundidas el miércoles, revelan que en un año, los precios se han elevado de media un 7%. Y hay categorías que enfurecen a los consumidores, a la oposición y al propio partido del presidente. Comprar un coche de segunda mano es hoy un 51% más caro que en 2019. La gasolina subió en 2021 un 27%. La carne y el pescado, un 18%. Los alquileres, un 6%. Acorralado por las cifras, a Biden no le quedó más remedio que admitir en un comunicado que «aun le queda mucho por hacer».

El problema es si los votantes le darán la oportunidad de hacer mucho más. Su popularidad ha caído en picado. Según el sondeo de la Universidad de Quinnipiac, sólo un 33% de encuestados aprueba su gestión. La Casa Blanca se defiende alegando que esa encuesta les suele dar peores notas que el resto, y afirma que la media de sondeos de popularidad del presidente le da un 43%, que tampoco es una cifra halagüeña, ciertamente a la par con los peores momentos de la presidencia Trump.