Las empresas españolas en Libia, atrapadas en el limbo

«Será entonces cuando analicemos la situación», asegura un portavoz de Repsol, la compañía española con más peso en Libia por volumen de actividad. El presidente de la petrolera, Antonio Brufau, aseguró el pasado jueves, durante la presentación de los resultados anuales del grupo, que su máxima preocupación en estos momentos son los 70 empleados que tiene en el país y que al cierre de esta edición ya habían regresado a España. Y que el negocio pasa ahora a un segundo plano. Pero reconoció que el conflicto afectará a las cuentas económicas e incluso que ya está «lastrando un poco en la Bolsa» sus acciones.

Repsol, instalada en ese país desde los años setenta, ha decidido no frenar, de golpe, su actividad. Sí reducirla. Estos días está produciendo unos 160.000 barriles brutos por jornada, la mitad de lo que genera habitualmente en Libia, que aporta el 3,8% de la producción total de la petrolera. Ninguna de sus instalaciones ha sido por el momento dañada a raíz de la violencia desatada en el país.

España y Libia no son grandes socios comerciales. Las inversiones españolas en esta nación del Magreb no superaron, entre 1993 y septiembre de 2010, los 13,46 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De ese montante, el 95,6% fue a parar al sector del automóvil. Y es que las inversiones de Repsol, así como las del grupo de construcción, servicios y energía Sacyr Vallehermoso no contabilizan como nacionales para el gabinete del ministro Miguel Sebastián.

Repsol está en Libia a través de una sociedad suizo-holandesa. Sacyr lleva allí desde finales de 2007 por medio de Svlidco, una sociedad mixta participada al 40% por Lybian Company for Development and Investment, controlada por el régimen de Gadafi, y al 60% por la española. La compañía presidida por Luis del Rivero, cuya cartera de negocio en el país suma 665,9 millones de euros, asegura también que para ellos «lo primordial» ha sido traer de vuelta a sus trabajadores, un total de 40 personas.

Libia adjudicó a Sacyr, a mediados de 2008, un contrato para la urbanización de Al Baida y el desarrollo del plan urbanístico de Bengasi por unos 400 millones. Esas obras han quedado paralizadas. «Ahora mismo está todo cogido con alfileres», señalan desde el grupo, que también permanece atento a la evolución de los hechos. «Claramente la situación es caótica y parece que va a ser difícil mantener algunas cosas», explican.

Blindaje legal

En diciembre de 2007, Gadafi visitó España y firmó con el Gobierno español un convenio por el cual se estableció una protección recíproca de las inversiones. En vigor desde el 1 de agosto de 2009, el acuerdo establece un sistema de indemnizaciones para las empresas afectadas por posibles conflictos y dedica un apartado a las expropiaciones, que las limita a «causas de utilidad pública». Los analistas explican que la vigencia de este convenio, y el futuro de la relación comercial de ambos países, dependerá del futuro político del país.

Algunos aventuran que si el régimen de Gadafi es derrocado, un nuevo gobierno podría proceder a nacionalizar empresas extranjeras o romper los contratos vigentes. «Bueno, eso dependerá de si es una transición más o menos pacífica, como parece que se está haciendo en Egipto y Túnez, o de si Libia opta por la “iranización”», explica Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa. Como fuere, exportaciones e importaciones entre ambos países, más jugosas que el flujo inversor, están ahora paradas. En 2010, España importó productos libios, básicamente energéticos, por 3.352 millones. Las exportaciones españolas a Libia, por 259 millones, se centraron en la industria y la construcción.

Secopsa, empresa valenciana en Libia desde el pasado enero, espera a ver qué sucede con su primera actuación allí: la reconstrucción de un hotel en la localidad de Al Baida, ahora en manos de los opositores a Gadafi y uno de los focos de la revuelta. La concesión, por diez millones, es la primera experiencia del grupo hacia la internacionalización. La obra ya está parada. Y sus cuatro trabajadores en Libia, de regreso. «¡Con la de tiempo y esfuerzos que invertimos en el proyecto!», lamenta una portavoz de la compañía, que ya había conseguido nuevas licitaciones.

No pocas empresas españolas del sector del ladrillo optaron por Libia una vez el negocio en España se derrumbó. Gadafi hizo en 2007 una gira por Occidente con un suculento plan de infraestructuras valorado en 50.000 millones; las compañías españolas se hicieron con 12.000. Hoy todos los proyectos están en pausa.

El grupo vasco Bruesa ha cogido el avión de vuelta y ha dejado a medio hacer el complejo universitario de la Universidad El Zaweya, a 60 kilómetros de la capital, Trípoli. Adjudicado en 2008 por 93 millones, incluye la construcción de varias facultades (Economía, Agricultura y Pedagogía) y edificios (una biblioteca, un auditorio y un centro administrativo). Y en la ciudad de Misrata, la empresa Pycsa ha dejado en los cimientos un estadio de fútbol, que le fue otorgado en 2009 por 25 millones de euros.

Los empresarios que se habían decidido a probar fortuna en Libia también han cancelado sus planes. El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha suspendido una misión comercial organizada con seis pymes españolas del sector del mueble prevista para marzo y que incluía varios encuentros entre empresarios locales de ambos países. «La Oficina Comercial de la Embajada nos recomendó no ir», explican desde las empresas. La celebración de otro «road show» para pequeñas y medianas empresas del sector del azulejo, previsto para final de año, se llevará a cabo si la situación lo permite, dice Juan José Martínez, secretario de la patronal Asebec. Acudir a la Feria Internacional de Trípoli de este año ya ni se planteó: el ICEX decidió no montar el pabellón español después de que en 2010 Gadafi, a raíz de un conflicto diplomático con Suiza, negase el visado a todo ciudadano europeo. Un exabrupto más del dictador de un país «con grandes oportunidades», dice Pampillón, para España y sus empresas.