Los siete funcionarios venezolanos acusados por EE.UU. de violar los Derechos Humanos

Antonio José Benavides Torres: jefe de la región militar Centro de las Fuerzas Armadas y anterior director de operaciones de la Guardia Nacional. Se le incluye por los abusos atribuidos especialmente a la Guardia Nacional en la represión de las manifestaciones que se extendieron en Venezuela a partir de febrero de 2014.

Gustavo Enrique González López: director de los servicios secretos (Sebin). Se le considera «responsable o cómplice» de «significativos actos de violencia» en violaciones de los derechos humanos. Como director del Sebin, está «asociado a la vigilancia sometida a los líderes de la oposición» y a «cientos de detenciones extrajudiciales».

Justo José Noguera Pietri: presidente de la compañía estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y anterior responsable de la Guardia Nacional. Su inclusión se debe a los desmanes cometidos por ese último cuerpo.

Katherine Haringhton Padrón: fiscal del Ministerio Público. Como responsable de la oficina fiscal del Distrito Vigésimo utilizó «correos electrónicos fraudulentos» y otra «fabricada información» para la detención y procesamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de la dirigente María Corina Machado.

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: director de la Policía Nacional. Agentes a su mando ejercieron violencia física contra manifestantes pacíficos y periodistas, e incluso abrieron fuego contra ellos.

Manuel Gregorio Bernal Martínez: jefe de una las brigadas acorazadas y anterior director de los servicios secretos. Era jefe del Sebin en las protestas del 12 de febrero de 2014, día en que agentes mataron a dos individuos centra de la oficina de la Fiscal General.

Miguel Alcides Vivas Landino: inspector general de la Fuerzas Armadas y anterior jefe de la región militar de los Andes. En ese último cargo fue «responsable o cómplice» de abusos contra los derechos humanos.