Cameron plantea prohibir WhatsApp en Reino Unido tras los ataques en París

Así, el primer ministro ha destacado las diferencias entre la mensajería instantánea a través de protocolos de Internet con las llamadas de teléfono, con lo que si las aplicaciones cuentan con sistemas de cifrado, los Gobiernos no tienen capacidad para intercerptar el contenido de los mensajes de los usuarios. Así, ante la imposibilidad de acceder a las comunicaciones Cameron abre la puerta a la prohibición de los servicios de mensajería con los chats encriptados como son WhatsApp, iMessage o Snapchat. El primer ministro ha prometido que si los Conservadores ganan las próximas elecciones se encargará de hacer «una normativa exhaustiva que garantice un lugar seguro donde comunicarse».

La actual legislación sobre acceso a las comunicaciones privadas expira en 2016, por lo que el Gobierno que resulte de las elecciones del 7 de mayo próximo tendrá que legislar al respecto, en medio de un debate en el Reino Unido entre los que favorecen ampliar las competencias del Estado y los que defienden el derecho a la privacidad.

Hasta ahora, el Gobierno de Cameron no ha conseguido dar a los servicios secretos esas competencias para examinar libremente todas las comunicaciones, por la oposición de organizaciones de defensa de los derechos, la opinión pública y los liberaldemócratas, sus socios en la coalición.

«Si soy elegido primer ministro, me aseguraré de que hay una legislación bien completa que garantice que no permitimos a los terroristas tener un espacio seguro para comunicarse entre ellos», ha manifestado.

El acceso a las comunicaciones de los ciudadanos ha sido motivo de debate desde que el exanalista de la agencia de seguridad estadounidense NSA Edward Snowden reveló programas secretos de espionaje masivo de los Gobiernos británico y de EE.UU.

El Ejecutivo de Cameron ha aumentado ya las competencias de las agencias de seguridad al permitir la retirada en el Reino Unido del pasaporte de presuntos yihadistas británicos y que se deniegue temporalmente el retorno a este país a los nacionales que hayan combatido en países como Siria e Irak.

Esta legislación, que actualmente tramita el Parlamento, ha sido objeto de crítica por parte de diputados y organizaciones defensoras de los derechos, pues el veto de entrada se haría sin orden judicial y el sospechoso británico podría convertirse en apátrida.