Narcotraficantes obligaron a civiles a participar en las desapariciones de Iguala

Chilacachapa es una localidad sitiada por los Guerreros Unidos y lugar de escondite de sus miembros situada a 37 kilómetros de Iguala y a 15 kilómetros del basurero de Cocula, donde presuntamente ejecutaron e incineraron a los 'normalistas'.

Casi tres meses después de los enfrentamientos entre estudiantes y policías locales, que se saldaron con la muerte de siete personas y la desaparición de los 43 jóvenes, los habitantes de Chilacachapa han relatado como oyeron a los narcotraficantes gritar: «¡Traigan bolsas negras hijos de la chingada!», a lo que otra voz respondió que se hicieran con unas 50 bolsas.

De hecho, uno de los entrevistados por el diario (todas las entrevistas se han realizado sin desvelar las identidades) ha asegurado que muchos de los habitantes del pueblo conocen el paradero de los estudiantes y no lo revelan por miedo a represalias. «Mis paisanos de aquí saben dónde están, pero si abres el pico... ese es el temor».

Otro, identificado como un jornalero, ha explicado que en la comunidad se vive un estado de malestar y enfrentamiento entre los que se negaron a participar y los que lo hicieron. «Estamos molestos porque sabemos quiénes bajaron. Los comisarios de los pueblos se llevaron a gente en camionetas», ha dicho.

Un entrevistado diferente ha especificado que fue el comisario Jesús Valle Rosas el que junto a 25 lugareños, obligados o incondicionales, acompañaron a los criminales la noche de la desaparición de los normalistas. Ahora denuncia que las autoridades federales no les hayan llamado a declarar y así poder averiguar lo ocurrido.

Pero la colaboración forzosa con el cártel iba más allá. Durante más de un año, fueron los responsables de la vigilancia por turnos de los puntos de entrada a la localidad para que los narcos pudieran actuar libremente. El 6 de octubre, las fuerzas federales tomaron el control de Iguala tras demostrase que la Policía local tenía vínculos y relaciones con los Guerreros Unidos. Aún así, aseguran que siguen escondiéndose en su pueblo. «Ellos están aquí, no se han ido».

En 2011 irrumpió en la zona el primer cártel, el de La Familia Michoacana. «Antes de 2011 estos pueblos eran muy tranquilos, ni los temblores ni las inundaciones nos hacían nada», ha descrito un entrevistado por «El Universal». «Los de La Familia llegaron y nos empezaron a secuestrar», después «el Ejército los corrió y llegaron Guerreros Unidos», ha lamentado.

Los Guerreros Unidos, escisión del cártel de los Beltrán Leyva, se asentaron en el municipio y obligaron a la población a formar parte de una guardia civil a sus órdenes.

Para convencer a los locales aseguraban estar allí para ayudarles y que contaban con el apoyo de miembros del Gobierno. «Estamos aquí para cuidarlos, venimos a limpiar de delincuentes, desde que llegamos no hay secuestros, no hay desaparecidos, ni extorsiones», decían.

La realidad fue muy diferente: implantaron el toque de queda, saquearon, cobraron nuevos impuestos, extendieron el narcotráfico y se apropiaron de algunas de las casas del pueblo.