María Servini, la jueza «baru budu budía» que quiere castigar el Franquismo

La magistrada había intervenido con desesperante lentitud y de forma irregular en un el llamado «Yoma Gate», un caso de «narco lavado» que involucraba a Amira Yoma, la por entonces cuñada del presidente Carlos Menem . Tato Bores tenía preparado un sketch satírico pero dos días antes de su emisión, Servini logró una orden judicial que le prohibía hasta pronunciar su nombre. La censura tuvo, como suele suceder, el efecto contrario y aquel programa, con setenta famosos cantando «la jueza baru budu budia es lo más grande que hay», se recuerda hasta el día de hoy.

Servini de Cubría, mujer temperamental, con fama de conocer todos los rincones ocultos del derecho y habilidad para moverse en el terreno fanganoso del poder, acostumbra a reconocer entre los suyos que censurar a Tato Bores fue un error del que nunca se arrepentirá lo suficiente. No en vano, la sombra de «la jueza baru budu budía» parece seguirla como si no tuviera otra. Pero tiene.

La trayectoria de Servini es alargada, intensa, con curvas y rectas que se cruzan entre luces y sombras. Sorteó varias decenas de juicios políticos pero sus enemigos –los tiene- reconocen que la «corrupción» no es su defecto. Lo que le reprochan la «plasticidad» que tiene para adaptarse a los sucesivos gobiernos de Argentina, donde el Poder Judicial no brilla precisamente por su independencia.

Coleccionista de lechuzas (tiene cerca de mil) y amante de la vela, esta mujer, de 77 años, fue pionera en la recuperación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-83). Las Abuelas de Plaza de Mayo , cuando no estaban politizadas y se dedicaban en exclusivo a la búsqueda de sus nietos, no ocultaban su agradecimiento y respeto por su trabajo, incluso en los años de plomo. Hoy, que Servini de Cubría tiene en sus manos el caso de Ignacio Hurban, el nieto de Estela Carloto (Presidenta de Abuelas) y lo tramita como uno más, es decir, trata de citar a los padres adoptivos en condición de, según sus palabras, «apropiadores hasta que no demuestren lo contrario», ya no la miran con buenos ojos.

A «La Chuchi», como se refieren a la jueza sus amigos, es sabido que no hay caso o causa que la amedrente. No le tembló el pulso en la investigación de los Puccio, una familia bien dedicada a secuestrar a jóvenes y matarlos, ni tampoco le flaquearon las piernas para intervenir en los motines carcelarios. La cosa, por aquello de la política, se le puede complicar cuando se trata de temas electorales, que también son de su competencia pero cuando Maria Romilda Servini de Cubría hizo historia, con letras mayúsculas, fue en el interrogatorio de Michael Townley. El ex agente de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional de Chile) le confesó en su juzgado el asesinato del general chileno Carlos Prats, al que hizo saltar por los aires junto a su mujer, Sofía Cuthbert, al hacer estallar una bomba que había colocado en los bajos de su vehículo, el 30 de septiembre en 1974 en Buenos Aires, por orden de Augusto Pinochet .

Las nuevas tecnologías y plataformas de la información no parecen ser del agrado de la jueza que investiga ahora los crímenes del franquismo y reclama a Interpol la extradición de los principales acusados. Al menos, después de conocerse que en el 2008 demandó a Google y a Yahoo para que bloquearan la información e imágenes suyas que no tuvieran su consentimiento. En este caso, la justicia no la acompañó y las fotografías y retratos vuelan libremente por el ciberespacio donde se aprecia el paso del tiempo y del bisturí, en un rostro que un día fue bellísimo.