Evo Morales busca el poder absoluto en las presidenciales de Bolivia

La fragmentada oposición presenta a cuatro candidatos, pero ninguno de ellos se acerca siquiera a la mitad del nivel de respaldo que tiene el jefe de Estado. El empresario y exministro de Planificación, Samuel Doria Medina (Unidad Demócrata), aparece segundo con un 1 8% y el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga (Partido Demócrata Cristiano) tercero, con un 9%. Y aunque ambos aseguran que los electores bolivianos darán una sorpresa, como la que recientemente se vivió en Brasil con el despegue del opositor Aécio Neves, el eje de su discurso electoral estuvo dirigido a rogar que no se otorgue los dos tercios de respaldo que busca el presidente en el Parlamento.

«Es una elección en la que se juega el futuro de Bolivia, el futuro de la democracia», ha declarado Doria Medina. Quiroga coincide en que de los resultados de hoy depende el futuro del Estado de Derecho y está seguro de que los dos tercios de respaldo a Morales se traducirían en una inmediata reforma constitucional para «perpetuar» al oficialismo en el poder.

A estos comicios se presentan también Juan Del Granado, exaliado de Morales y jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), y Fernando Vargas del Partido Verde de Bolivia (PVB) que en 2008, como líder del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), fue víctima de una brutal represión policial por oponerse a la construcción de una carretera que atravesaba esa reserva. A diferencia de Doria Medina y de Quiroga, que rechazan de raíz el proyecto socialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), estos dos últimos prefieren hablar de «reconducir un proceso de cambio», que consideran que se ha viciado por la corrupción, la utilización política de la Justicia y la ambición de poder de Morales y su entorno.

En estos nueve años se iniciaron o reactivaron más de un centenar de procesos contra líderes de la oposición, entre ellos los cuatro candidatos que ahora se enfrentan a Morales en las urnas. Varios otros opositores debieron abandonar el país y exiliarse en el extranjero. Al mismo tiempo, las denuncias de corrupción apuntaron al entorno del vicepresidente Álvaro García Linera, a quien se considera el principal ideólogo del proyecto de gobierno, aunque ninguna de ellas llegó a tocar fondo.

Como contrapartida, el Gobierno ha logrado resultados nunca antes vistos en el terreno económico y social. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que Bolivia es el país de mayor crecimiento de la región en 2014. La proyección del organismo internacional para este año indica que el país crecerá un 5,2%, aunque el Gobierno confía en alcanzar un 5,7%. En 2013 el crecimiento llegó al 6,78%, el más alto de la historia de Bolivia.

Esta bonanza económica en buena parte ha estado facilitada por la buena marcha del mercado de materias primas. Los ingresos por venta de gas han crecido ocho veces más desde que en 2006 el MAS puso en marcha su proceso de nacionalizaciones. Esos ingresos han permitido al Gobierno sostener el pago de bonos anuales a escolares, madres y ancianos, además de acometer planes como la dotación de ordenadores personales para los estudiantes de secundaria.

El partido de Morales sostiene que para mantener la bonanza económica necesita una victoria arrasadora. Según el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, la continuidad del «proceso de cambio» depende de dominar al menos los dos tercios del Parlamento.

La oposición, en cambio, cifra sus esperanzas en el «voto oculto» (electores que esconden su verdadera decisión de voto) y en el 16% de indecisos que registran las encuestas de intención de voto, aunque tiene dudas sobre la imparcialidad de los órganos de control de las elecciones. La responsabilidad de administrar el proceso recae en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), devaluado por varios desaciertos durante la etapa preelectoral.

Vigilarán la votación al menos 62 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, además de una treintena de «veedores populares» invitados por el Gobierno. También la Defensora del Pueblo se movilizará ante las insistentes convocatorias que lanzaron dirigentes sociales afines al oficialismo para que en las zonas rurales se garantice que la votación será favorable al MAS.