Las lacras sociales ensombrecen los nueve años de Evo Morales en el poder en Bolivia

Bolivia, que durante décadas encabezó el listado de los países más pobres de Latinoamérica, ha pasado en dos lustros a ser una de las economías más pujantes de la región, impulsada desde 2006 por la nacionalización de los hidrocarburos y por el auge de la extracción de gas, que ha alcanzado precios récord en estos años.

El país andino creció un 6,5% en 2013, redujo la pobreza extrema del 28 al 18% e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reconocido sus inéditos logros económicos. Tras el éxito de su política de nacionalizaciones y búsqueda de la soberanía, Morales presumía recientemente de que tres países de la región habían pedido prestado dinero a Bolivia. Este país, no obstante, denegó esa solicitud.

Sin embargo, esta reconocida bonanza no ha mejorado las vidas de amplios sectores de la población, como los 850.000 niños que aún trabajan en un país de apenas diez millones de habitantes. Aunque el Gobierno trató de «regular» este trabajo mediante un código de protección a la infancia, acabó cediendo a las demandas de representantes de los niños y fijó en 10 años la edad mínima para trabajar por cuenta propia, y en 14 años si lo hacen como empleados.

El propio Morales ha justificado el trabajo infantil porque «crea conciencia social», aunque rechaza cualquier tipo de explotación.

Un tanto que se ha anotado el gobernante en este mandato ha sido la histórica decisión de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para negociar la restitución de una salida al Pacífico , tras perder Bolivia su litoral en una guerra contra ese país en el siglo XIX. Con esta medida, el mandatario logró un inusitado consenso político en el país.

Pero mientras apela a la justicia internacional para resolver este centenario asunto de Estado, Evo Morales asiste a la gravísima crisis del estamento judicial en su propio país. La corrupción generalizada y el hacinamiento carcelario por la tardanza de los procesos, que ha acabado en trágicos motines y matanzas en los presidios, son el cáncer que corroe la Justicia boliviana.

El propio Gobierno ha calificado de «vergüenza» esta situación, que quiere arreglar con una ley que permitirá encarcelar a jueces y fiscales que demoren sus decisiones. A finales de 2012 se destapó una red de extorsión en el sistema judicial que salpicó a altos funcionarios y sacó los colores al Ejecutivo.

La ineficacia judicial es uno de los motivos por los que, a pesar de que más de 70 mujeres han muerto por violencia machista en 2014, las sentencias por feminicidio dictadas en el último año y medio apenas lleguen a la decena. Bolivia es, según datos de la ONU, el país latinoamericano con mayor índice de violencia machista, y el segundo en violencia sexual tras Haití.

El Gobierno dictó en 2013 una ley que castiga duramente el feminicidio, pero que ha quedado en papel mojado porque no hay medios para aplicarla, mientras mujeres y niñas siguen siendo violadas y asesinadas a diario en Bolivia.

Tampoco ha logrado la Justicia controlar otro tipo de violencia, la de las turbas enfurecidas que linchan sin juicio a presuntos delincuentes bajo el supuesto amparo de la justicia indígena comunitaria, reconocida en la Constitución de 2009, pero que, en realidad, no establece la pena de muerte ni los castigos físicos.

En cambio, la Justicia boliviana sí es eficaz a la hora de abrir docenas de procesos a destacados opositores, algunos de los cuales han recibido refugio político en países vecinos, como el senador Roger Pinto en Brasil o el exgobernador Mario Cossío en Paraguay. Este escenario social y judicial ha provocado airadas críticas de la Defensoría del Pueblo y llamadas de atención de Naciones Unidas, organismo que, no obstante, reconoció el buen hacer de Bolivia en otros asuntos como el liderazgo, este año, del G77 y China.

Otros recientes logros de Morales han sido el lanzamiento del primer satélite boliviano e incluso asuntos más cotidianos como afrontar el caos del tráfico con la construcción del faraónico teleférico de La Paz .

Evo Morales busca ahora un tercer mandato con prioridades como el avance en la industrialización, la puesta en marcha de un programa nuclear y la formación de profesionales muy cualificados a los que el Gobierno pagará becas en las mejores universidades de Estados Unidos, a pesar de la animadversión de Morales hacia este país.

Ni una palabra en estos planes de futuro, sin embargo, sobre los niños trabajadores y las mujeres maltratadas.