Continúa la ley marcial en Tailandia tras la ratificación de la nueva Constitución

«Aún es necesaria para la paz y la seguridad de nuestro país», ha asegurado el general Paiboon Koomchaya, que dirige los asuntos legales de la junta militar que gobierna al país y que está encabezada por el jefe del Ejército, Prayuth Chan Ocha.

En los próximos días el Parlamento (llamado Asamblea Nacional Legislativa) nombrará al nuevo Primer Ministro. Este órgano está controlado por la junta militar y se espera que el jefe de los militares sea el designado para este cargo.

«La Constitución lo permite (que Prayuth sea primer ministro), pero si es nombrado o no dependerá de la Asamblea Nacional Legislativa», ha dicho el asesor de la junta, Wissanu Krea Ngam, durante una rueda de prensa en Bangkok.

El golpe de Estado se produjo después de seis meses de inestabilidad política durante los que al menos 28 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas como resultado de brotes esporádicos de violencia.

Se convirtió en el último episodio de un conflicto que ha enfrentado a la clase monárquica de la capital con la sociedad rural, que apoya a la depuesta ex Primera Ministra Yingluck Shinawatra y a su hermano, el también exprimer ministro Thaksin.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han intentado silenciar todas las críticas. Muchas personas han protestado en contra de la intervención militar en cuestiones políticas del país a través de «flash mobs» en centros comerciales y realizando lecturas silenciosas de la novela « 1984 », de George Orwell, aunque este tipo de protestas se han reducido durante los últimos días.

Por otro lado, la última crisis se ha producido en un momento en el que aumenta la preocupación por la sucesión del actual monarca, el rey Bhumibol Adulyadej , que a sus 86 años está considerado como una figura casi divina por gran parte de la población. Mientras, su hijo, el príncipe Vajiralongkorn, tienen todavía que manejar el mismo nivel de devoción que hay hacia su padre.

Además, Tailandia cuenta con una de las legislaciones que más protegen la figura de la Corona, con penas de hasta quince años de prisión para aquellas personas acusadas de haber insultado a la familia real. Las acusaciones de este tipo suelen aumentar en momentos de inestabilidad política.