Juicio en Perú por una matanza de policías a manos de indígenas

Este miércoles comienza en Bagua (capital de la provincia del mismo nombre, en el Amazonas) el juicio por el caso conocido como la Curva del Diablo, por la carretera que une las comunidades indígenas con la mencionada ciudad. Cincuenta y dos líderes indígenas o «apus» están acusados de instigar al homicidio, lesiones graves, disturbios, daños y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. Entre los acusados figuran el líder indígena Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala y sobrevivió de milagro, y el líder de la Aidesep Alberto Pizango, quien tras el «Baguazo» se vio forzado a buscar asilo político en Nicaragua.

Juan José Quispe —abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien defiende a un grupo de los líderes indígenas— señaló a ABC que «defendemos a personas inocentes. No debió realizarse un juicio oral, no se han presentado pruebas. Se les inculpa por instigar a que miles de indígenas en la Curva del Diablo cometan ocho delitos, sin presentar prueba alguna». 

El choque con los nativos amazónicos se produjo porque el gobierno de García, a petición de la entonces ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, aprobó dos decretos que los indígenas consideraban que les perjudicaban, dentro del paquete de más de cien decretos legislativos para llevar adelante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Los decretos legislativos 1090 y 1064 ponían a disposición del mejor postor la extracción de recursos y la propiedad de la tierra de los indígenas de la Amazonía. En ese momento, la Aidesep indicó que los mencionados decretos no fueron consultados a las comunidades amazónicas, tal y como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Meses antes de la tragedia, el entonces presidente Alan García escribió: «Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán… hay muchos recursos sin uso que no son negociables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie"».

Alan García, que gobernó en Perú en dos ocasiones (1985-90 y 2006-11), no ha descartado presentar su candidatura a la presidencia por tercera vez en 2016 y convertirse en el jefe de Estado durante el Bicentenario de la Independencia.

La tragedia tuvo cuatro escenarios claves: la llamada Curva del Diablo, una carretera que une las comunidades indígenas y Bagua (ciudad del noroeste de Perú), bloqueada durante más de 50 días por las comunidades awajún. La estación 6, donde se bombea crudo de Petróleos del Perú (Petroperú). Imasita, donde cerca de dos mil indígenas secuestraron y luego mataron con hachas y piedras a once policías, y las localidades de Bagua chica y Bagua grande, donde la policía disparó contra los manifestantes. Los familiares de los once policías muertos en la Estación 6 de Petroperú se quejan del abandono del Estado.

Después de meses de investigación y de decenas de entrevistas, el congresista Guido Lombardi señaló en un informe sobre la tragedia que las exministras del Interior, Mercedes Cabanillas, y de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, tenían responsabilidad política.

El columnista Augusto Álvarez Rodrich escribió sobre el «Baguazo» que «el gobierno, por más buena que fuera su intención, siguió una estrategia equivocada en la selva, sin un esfuerzo mínimo de entender la cosmovisión de sus pobladores y cayendo en el facilismo agresivo de, como no compartían su punto de vista, calificarlos de ‘perros del hortelano’, de ignorantes y de terroristas».