Amnistía Internacional denuncia abusos en Argelia previos a las elecciones presidenciales

«La estrategia de las autoridades argelinas ha sido cortar de raíz cualquier intento de ponerlas en entredicho, a ellas o a su historial. Con las elecciones próximas a celebrarse, están intensificando la represión y han demostrado que no tolerarán las críticas públicas a ningún nivel», ha manifestado la directora general de Investigación de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth.

La organización ha criticado que las restricciones impuestas por autoridades argelinas responden a una estrategia del presidente del país, Abdelaziz Buteflika, para obtener un cuatro mandato. «Parece haber un esfuerzo concertado de las autoridades argelinas por controlar el discurso en el periodo previo a las elecciones, apretando el nudo sobre la libertad de expresión. La falta de un debate abierto y las restricciones al derecho a criticar o protestar para expresar el descontento social o plantear demandas políticas arrojan dudas sobre los comicios», ha añadido Duckworth.

Argelia levantó el estado de emergencia en 2011, pero han continuado existiendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas del orden argelinas han recurrido en muchas ocasiones a la fuerza para dispersas manifestaciones, además de haber acosado y detenido a manifestantes y activistas sindicales.

Amnistía Internacional ha recordado que se han permitido manifestaciones pacíficas en Argel desde principios de marzo de este año, aunque se han desarrollado rodeadas por un fuerte dispositivo de seguridad. Aun así, las autoridades han actuado contra ciudadanos y periodistas que se han salido del discurso oficial a favor de Buteflika.

Amnistía ha criticado que la mujer de un periodista fue amenazada y agredida con agua hirviendo por tres individuos vestidos de civil, aunque se sospecha que podrían pertenecer a las fuerzas de seguridad, después de que su marido hubiese informado sobre las protestas de la oposición. La Organización también ha recordado que la emisora de televisión privada Al Atlas fue cerrada por las autoridades, que obligaron a cortar las emisiones el pasado 12 de marzo. La sede de la cadena fue registrada poco después de que hubiese criticado la gestión del Gobierno durante uno de sus programas.

«Atacar a una emisora privada de televisión simplemente porque se ha atrevido a emitir una opinión diferente constituye un censurable ataque a la libertad de expresión», ha manifestado Duckworth. La legislación argelina estipula que solo los medios autorizados por el Estado gozan de licencia plena, mientras que los canales privados tienen licencias que pueden ser revocadas sin previo aviso.

Además, las autoridades siguen sin conceder visados a varios periodistas extranjeros que pretenden cubrir las elecciones del 17 de abril. Una ley de 2012, que regula las asociaciones, impone restricciones adicionales a quienes desean inscribir una organización independiente y endurece la normativa sobre financiación extranjera para, según el Gobierno, proteger la moralidad y valores nacionales.

Asociaciones que han criticado la política gubernamental, entre las que se encuentran algunas que luchan contra la corrupción y la violencia sexual, o que piden verdad y justicia respecto a las desapariciones forzadas, aún no han podido ser registradas. Amnistía Internacional Argelia, inscrita legalmente en el país desde 1991, no va a realizar este año su asamblea general por la reciente negativa que ha recibido por parte del Gobierno argelino.

«Además de ejercer represión sobre la sociedad civil, las autoridades argelinas no han aplicado las recomendaciones de la ONU de eliminar las lagunas en las leyes vigentes que facilitan la tortura y los malos tratos. En estos momentos, las salvaguardias frente a la tortura en la legislación argelina son terriblemente inadecuadas. Esta situación se ve agravada por el pésimo historial de impunidad respecto a los abusos cometidos por el Estado, un trágico legado del sangriento conflicto interno del país", ha denunciado Duckworth.

Según Amnistía Internacional, la crisis de los rehenes de una planta de gas en enero de 2013, en la que 40 trabajadores perdieron la vida, ha puesto de manifiesto la amenaza para la seguridad a la que se enfrenta el país. La organización ha criticado que las autoridades han cometido abusos como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o detenciones secretas, amparándose en la lucha contra el terrorismo. Amnistía Internacional ha criticado que este historial de violaciones a los Derechos Humanos no se ha tenido en cuenta a la hora de firmar acuerdos de seguridad con Reino Unido, Francia o Estados Unidos.

También se ha hecho un llamamiento para acometer amplias reformas que terminen con la discriminación y la violencia contra las mujeres, además de abordar los derechos de los inmigrantes. La organización ha criticado las medidas de amnistía que se han tomado para conceder inmunidad a los responsables de una serie de abusos atroces cometidos en Argelia en el pasado, que sólo han servido para afianzar la impunidad de las fuerzas de seguridad.

«Pese a las reiteradas promesas de reforma, estas grandes brechas en la situación de los Derechos Humanos en Argelia aún persisten, incluso en ámbitos en los que las autoridades pregonan su éxito. La discriminación y la violencia contra las mujeres siguen imperando», ha concluido Duckworth.