Sarkozy contaba con una red de topos en la judicatura francesa

El caso arranca cuando se descubrió que varios jueces habían ordenado la escucha policial de todos los teléfonos del expresidente. Se trataba de una novedad excepcional. Por vez primera, la Justicia ordenaba espiar y grabar policialmente las conversaciones privadas de un ex jefe de Estado.

El Colegio de Abogados puso el grito en el cielo. La ministra de Justicia y el ministro del Interior cometieron dos tropiezos graves, mintiendo, ellos mismos, al asegurar que «no sabían nada» del espionaje judicial contra Sarkozy.

Días más tarde, «Mediapart» y «Le Monde» han tenido acceso a las conversaciones privadas que Toubira y Valls decían desconocer. Y lo que se cuenta de tales conversaciones privadas tiene muchos flecos aparentemente mafiosos.

En la intimidad, Sarkozy y su abogado tratan de «bâtards» a los jueces que instruyen varios de los escándalos en los que está implicado el ex presidente. «Bâtard», «bastardo», que pudiera traducirse más coloquialmente como «cabrón». Dicho en tono presumidamente agrio, agresivo.

Sarkozy y su abogado usaban dos teléfonos. En un primer teléfono, oficial, el abogado y su cliente sostenían conversaciones más o menos normales, oficiales. En un segundo teléfono, comprado por el abogado, con nombre falso, la pareja sostenía conversaciones mucho más crudas, creyéndose al abrigo del pinchazo judicial. Grave error. La policía comprendió muy pronto que las conversaciones del teléfono oficial eran demasiado limpias. Y terminó descubriendo el segundo teléfono, con mucho éxito. Sarkozy y su abogado hablaban con claridad brutal.

Las grabaciones de ese segundo teléfono han sido filtradas a los dos medios citados, que las usan periodísticamente como armas políticas arrojadizas. Según las transcripciones realizadas, Sarkozy y su abogado montaron un plan con el fin de liberar al ex presidente de todas las sospechas que pesan sobre él en varios escándalos.

Según los fragmentos de las grabaciones realizadas por la policía judicial, Sarkozy y su abogado habrían contado con la complicidad de jueces y magistrados a quienes se habían ofrecido cargos, puestos, a cambio de chivatazos sobre la instrucción de varios escándalos.

¿Se benefició Sarkozy de ayudas financieras de Gadafi y Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Francia, una de las propietarias de L’Oreal, para financiar su campaña electoral de 2007? Parece claro que Sarkozy y su abogado habían montado un negocio de tráfico de influencias, para conocer los detalles de la instrucción de ambos casos.

¿Hubo trato de favor con el empresario Bernard Tapie, en su laberíntica disputa con el Estado francés? Sarkozy también deseó conocer los detalles de una instrucción que pudiera salpicarle de mala manera.

La justicia instruye esos escándalos, entre otros, desde hace años. Y Sarkozy ha conseguido salvarse una y otra vez. Todas las partes parecen violar todos los procedimientos jurídicos con fines políticos agresivos. Sarkozy no ha dudado en comprar los servicios de magistrados dispuestos a venderle secretos judiciales, a cambio de favores profesionales. El Gobierno de François Hollande acepta y quizá facilita las filtraciones de las grabaciones judiciales, con el fin expreso de destruir a un rival político temible.