Maduro expropia la sede de Pepsi en el Estado de Vargas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro - afp
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Maduro expropia la sede de Pepsi en el Estado de Vargas

La medida llega una semana después de que el presidente hiciera un llamamiento a las empresas extranjeras a invertir allí

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La toma de las instalaciones de la Pepsi Cola tuvo lugar en Vargas, en el litoral de Caracas. Amparados por la oscuridad de la noche, los uniformados verde oliva entraron intempestivamente en la embotelladora y se llevaron camiones enteros de las bebidas gaseosas, denunció este miércoles la empresa transnacional afectada por la medida del gobierno venezolano.

«Esto es un atropello que innecesariamente pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo en el estado Vargas. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución y las leyes», dijo Carla Hernández, asesora legal de la empresa, según un comunicado de Pepsi Cola.

La expropiación de esta multinacional contradice el llamamiento que hizo la semana pasada Nicolás Maduro a las empresas extranjeras para que inviertan en Venezuela.

El desalojo forzoso del galpón se concretó anoche. La Gobernación de Vargas había emitido un decreto de expropiación en enero pasado. Sin embargo, Pepsi Cola recordó que el pasado 15 de mayo se acordó un «arreglo amigable» con las autoridades para mudar la instalación a otra zona y aún no se han dado todos los pasos para concretar la mudanza.

«Responsablemente, no podemos mudarnos sin contar con la licencia de la comunidad a través de una asamblea de vecinos, con el nuevo local que garantice una operación segura y con el muro perimetral para aislar a los residentes de la comunidad de Las Fundaciones del ruido que genera la actividad de la agencia», señaló Hernández.

La asesora legal agregó que, incluso, habían aceptado el avalúo del inmueble, a ser expropiado por un monto de casi 45 millones de bolívares (cambio 6,30 bolívares por dólar). «Con esto quedó establecido de manera definitiva el valor del inmueble. Solo restaría el cumplimiento por parte de la Gobernación de las restantes condiciones acordadas entre las partes y materializar el acuerdo definitivo que exige la ley», añade el comunicado.