Procesados seis militares por las cuentas de Pinochet

Según confirmaron hoy fuentes judiciales, el juez Manuel Antonio Valderrama notificó el pasado 1 de agosto esta decisión, que puede ser recurrida en los próximos quince días por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por los abogados defensores de los procesados.

Fuentes del CDE dijeron que no pueden informar con antelación a los medios sobre qué decisión van a tomar. «El sumario, a juicio del tribunal, ya se encuentra con todas las diligencias agotadas. Por lo tanto, se procedió a cerrar dicho proceso», argumentó hoy ante los periodistas el juez Valderrama, cuya labor ha sido criticada por los querellantes.

«Es satisfactorio saber que finalmente la justicia determina que no se cometió ningún acto ilícito», declaró a Radio Cooperativa Rodrigo García Pinochet, nieto del dictador, que consideró el caso «una venganza política por la figura y la obra» de su abuelo.

La investigación se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos reveló la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.

El descubrimiento se hizo en medio de las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono.

Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el «caso Riggs» por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.

En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador (1973-1990) por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.

Esa medida benefició, entre otros, a la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart; a sus cinco hijos; a su antiguo albacea, Óscar Aitken y al contable José Sobarzo.

En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Antonio Valderrama.

Denuncias de los querellantes

«En algún momento el ministro Sergio Muñoz investigó bastante. Después, cuando se sacó al ministro Carlos Cerda, la causa decayó y se investigó muy poco», dijo hoy a Radio Cooperativa el abogado Alfonso Insunza, querellante en la causa.

«Hubo desvío de millones de fondos reservados del Ejército y de la Presidencia de la República a cuentas secretas que se pusieron o a nombre de Pinochet o a nombre de sus secretarios privados», manifestó por su parte la también abogada querellante Carmen Hertz.

En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Augusto Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tienen una justificación contable.

Originalmente se cifró en 19 millones de dólares el monto sin justificación legal, pero tras algunos ajustes contables la cantidad se redujo, según explicaron las fuentes judiciales consultadas.

El pasado enero, Valderrama decidió cerrar una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares.

Con ello quedaron absueltos el exdirector de la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae) Luis Iracabal y el ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.

Seis procesados

Así, solo permanecen firmes seis de los procesamientos por malversación contra tres militares en retiro: los generales Ramón Castro, Jorge Ballerino y Sergio Moreno Saravia, y los coroneles Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean .

Los dos primeros fueron quienes presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, mientras que Moreno Saravia está procesado por haber supuestamente traspasado 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados entre dos cuentas.

En tanto, a los coroneles retirados, en su calidad de antiguos secretarios privados de Pinochet, se les acusa de hacer diversas gestiones para transferir dinero, abrir y cerrar cuentas y ocultar la existencia de éstas.

Todos ellos podrían ser condenados a penas que van entre los cinco y los diez años de prisión .

«En un país en que los poderes fácticos siguen actuando y actuaron durante los 90 y durante la década del 2000 nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas», lamentó la abogada Carmen Hertz.