La abolición de los campos de reeducación divide al régimen chino

Criticados desde hace años por su falta de garantías procesales, los campos de reeducación mediante el trabajo podrían tener los días contados. Su abolición o reforma será debatida por la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento orgánico del régimen chino que comienza su reunión anual este martes.

Además de discutir la propuesta de un grupo de diputados contrarios a los campos, la Asamblea culminará sin sorpresas el relevo de poder en China. Tras ser nombrado secretario general del Partido Comunista en el Congreso celebrado el pasado mes de noviembre, Xi Jinping relevará al presidente de China, Hu Jintao, y Li Keqiang sustituirá al primer ministro Wen Jiabao, encargado hasta ahora de la dirección económica del país.

Reunidos en el Gran Palacio del Pueblo, un imponente edificio de estilo soviético enclavado junto a la Ciudad Prohibida y el mausoleo de Mao en plena plaza de Tiananmen, los alrededor de 3.000 diputados designarán también a nuevos ministros del Gobierno y a los presidentes de la propia Asamblea y del Tribunal Supremo. A pesar de la apariencia democrática de sus votaciones, todos los cargos han sido ya previamente acordados por las distintas facciones que componen el Partido Comunista, que limita la presidencia de la República Popular a dos mandatos de cinco años.

Menos consenso hay en torno a la supresión de los campos de reeducación. En enero, el nuevo responsable de Seguridad del régimen, Meng Jianzhu, anunció que la Asamblea Nacional los «pararía», pero la agencia estatal Xinhua corrigió luego sus palabras al matizar que sólo los «reformaría» en lugar de abolirlos. Desde entonces, las provincias de Cantón (Guandong) y Yunnan han dejado de recluir a los prisioneros en sus campos.

Tras denunciar que los campos de reeducación son «una desgracia para la imagen nacional de China» porque «violan la ley, aterrorizan a la gente, coartan las libertades y se prestan a abusos extrajudiciales», un grupo de diputados propondrá a la Asamblea su «reforma urgente». Para ello se basan en los últimos escándalos sufridos por algunos prisioneros como Tang Hui, una «madre coraje» que iba a ser enviada 18 meses a un campo de reeducación por manifestarse ante un tribunal pidiendo justicia para la mafia que raptó y prostituyó a su hija de once años.

Aireado por internet, su caso provocó tal indignación en China que obligó a las autoridades a liberarla al cabo de una semana. Menos suerte tuvieron Peng Hong, encerrado dos años por burlarse de una campaña contra la delincuencia en Chongqing, y Ren Jianyu, que se pasó un año confinado por comentar y difundir en la red más de cien «informaciones negativas» sobre el régimen.

Establecidos por Mao en la década de los 50 para luchar contra los «enemigos de clase», los campos de reeducación son una de las más siniestras armas de represión del régimen chino, que utiliza a los prisioneros como mano de obra. Aunque la mayoría de sus internos son drogadictos y prostitutas, también son recluidos disidentes, «peticionarios» agraviados por los abusos de las autoridades y seguidores del perseguido culto «Falun Gong».

Según explica a ABC Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch, «es positivo que desaparezcan los campos de reeducación, pero lo importante es acabar con el sistema arbitrario de detenciones y las cárceles negras que hay en China».