Las universidades de EE.UU. se rebelan contra Trump por injerencia académica

Los firmantes aseguran estar abiertos a reformas legítimas y a supervisión del sistema educativo, pero advierten contra el uso coercitivo de los fondos públicos de investigación y la imposición de criterios políticos en cuestiones clave como la admisión de alumnos, los planes de estudio o la contratación del profesorado. «Debemos oponernos a la intrusión indebida del gobierno en la vida de quienes aprenden, viven y trabajan en nuestros campus», afirman. «El precio de restringir las libertades que definen a la educación superior estadounidense lo pagarán nuestros estudiantes y nuestra sociedad».

Entre los firmantes figuran los rectores de universidades como Princeton (Christopher Eisgruber), Harvard (Alan Garber), Yale (Maurie McInnis), MIT (Sally Kornbluth), Brown (Christina Paxson) o Duke (Vincent Price). El respaldo institucional abarca desde centros de la Ivy League hasta universidades estatales del sistema neoyorquino, SUNY y CUNY, así como universidades técnicas, colegios comunitarios y asociaciones nacionales como la Asociación de Universidades de América o la Academia Americana de Artes y Ciencias.

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El documento refleja un rechazo explícito al uso partidista de la educación superior como herramienta política. Los firmantes defienden el papel de las universidades como espacios de pensamiento libre, motores de innovación y ascenso social, y como pilares fundamentales de la democracia y el desarrollo económico de Estados Unidos.

Por su parte, la Universidad de Harvard ha presentado una demanda federal contra la Administración Trump por lo que califica como una campaña de injerencia política sin precedentes. La demanda, interpuesta este pasado lunes ante un tribunal de distrito en Massachusetts, busca frenar el bloqueo de 2.200 millones de dólares en fondos federales que, según la universidad, se está utilizando como medio de presión para forzar cambios en su política académica.

El recto Garber denunció que el Gobierno ha actuado fuera de sus competencias legales, violando la Primera Enmienda (la que protege la libertad de expresión) y los procedimientos administrativos reglados. Según la universidad, la ofensiva incluye además la amenaza de congelar otros 1.000 millones de dólares en ayudas, abrir múltiples investigaciones, revocar su exención fiscal como institución sin ánimo de lucro y prohibir la matriculación de estudiantes internacionales si no se entregan determinados registros.

Garber explicó que la Administración justifica estas medidas por la supuesta inacción de Harvard ante incidentes de antisemitismo. «Luchar contra el odio es una obligación moral y legal que Harvard asume con seriedad», afirmó el rector en un comunicado. Sin embargo, la universidad denuncia que el proceso carece de garantías legales y que el Gobierno no ha seguido los cauces exigidos por la ley, como establece la legislación sobre derechos civiles.

La demanda nombra a agencias como los Departamentos de Educación, Defensa, Salud, Energía, la NASA y los Institutos Nacionales de Salud. Además, se revela que la Casa Blanca llegó a amenazar con rescindir hasta un máximo de 9.000 millones de dólares en financiación para Harvard y sus entidades asociadas, incluidos hospitales y centros de investigación en Boston.