El 'lawfare' del PSOE contra los jueces de la Segunda República

Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Rey Juan Carlos, ha caído en esa labor profética que tienen los historiadores cuando hilan voluntaria o involuntariamente presente con pasado. «Ciertos elementos de la izquierda tuvieron una obsesión con la republicanización de la justicia que se parece mucho a las críticas actuales por ser demasiado conservadora o al servicio, digamos, de políticas conservadoras. Y además esto ocurrió también después de una amnistía que se aprobó nada más pasar las elecciones», relata a ABC sobre una investigación publicada en la revista 'Historia y Política' que escribió hace dos años bajo el título 'Los enemigos enmascarados de la República: los jueces y la «republicanización» de la Justicia en la primavera española de 1936'. Un adelanto de lo que va a ser un libro escrito junto al historiador Fernando del Rey abordando el papel de los jueces durante este periodo con tantas reminiscencias en la actualidad.

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Explica Álvarez Tardío que en los primeros gobiernos republicanos tanto desde la derecha como en la izquierda hubo intentos de influir en la justicia y de «republicanizar» a unos magistrados que venían heredados del régimen monárquico. No se les purgó con la caída de Alfonso XIII, pero sí hubo un esfuerzo constante por reemplazar las más altas magistraturas. Se adelantó y luego se atrasó la edad de jubilación de los jueces para incluir, según el gusto, a los que se consideraban más afines a la izquierda o a la derecha.

«La coalición de los republicanos de centro y de la derecha católica revirtieron las reformas judiciales que se habían hecho en el primer bienio republicano y colocaron a jueces conservadores en puestos importantes. Cuando la izquierda volvió al poder, los socialistas presionaron para que se aprobaran medidas más radicales que al comienzo de la República. Esto significaba poco más o menos que depurar a todos los jueces que ellos consideraban contrarios al espíritu de la República», apunta.

La retórica socialista tenía a muchos de estos funcionarios como responsables de haber dictado condenas muy duras contra los implicados en la Revolución de Octubre de 1934

Manuel Álvarez Tardío

Los sucesos ocurridos tras las elecciones que llevaron al poder al Frente Popular en 1936 colocaron a los jueces en la picota mediática. La retórica socialista tenía a muchos de estos funcionarios como responsables de haber dictado condenas muy duras contra los implicados en la Revolución de Octubre de 1934, que había sido instigada por los principales líderes de este partido. Recién aprobada una amnistía para sacar a la calle a estos condenados, la fuerza obrera quería vengarse de los jueces «reaccionarios» que habían causado la injusticia.

Asimismo, el aumento de la violencia política en las calles obligó a los magistrados a dictar sentencias que les granjearon la enemistad directa de los radicales. «La izquierda interpretó que los jueces estaban al servicio del fascismo y que les perseguían a ellos y no a los enemigos de la República. Lo mismo decían los falangistas», recuerda el catedrático.

El Partido Socialista y su aparato propagandístico no podían argumentar que la culpa la tenían los jueces por su pasado franquista, así que decían que eran unos monárquicos resentidos que estaban del lado de la reacción. «Hay una presión contra jueces de las salas del Tribunal Supremo a los que se consideraban demasiado cercanos a los falangistas y a los que se identificaba con la represión del Movimiento de Octubre. Al igual que ahora, se los denunciaba con nombres y apellidos, mientras que, como en el caso del juez que decretó la ilegalización de Falange, se celebraban en la prensa las decisiones que les agradaban diciendo que esos sí eran jueces valientes y dignos de imitar», afirma Álvarez Tardío. En su opinión, puede que hubiera algunos funcionarios con convicciones anti-republicanas o más o menos cercanos a la derecha católica, pero realmente la mayoría «se comportó haciendo cumplir las garantías procesales y la ley».

Muchos socialistas de la época no creían en la independencia judicial tal y como se interpreta en las democracias liberales, sino que entendían que, en última instancia, todos los jueces debían estar supeditados al Parlamento como representante máximo de la soberanía popular. «Creían que contra la soberanía nacional no podía actuar ningún poder. Para ellos, la independencia judicial era un instrumento del mundo liberal constitucional con el fin de restringir el poder del pueblo. No aceptaban la independencia judicial como argumento para que el Parlamento no se inmiscuyera en el gobierno, nombramiento o cese de los jueces. Atentaba contra su forma de ver la democracia», expresa Álvarez Tardío, que hace pocos años ya realizó junto a Roberto Villa una investigación crucial para cambiar la visión sobre este periodo. El libro 'Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular' (Espasa, 2017) demostró con datos y argumentos que al menos 50 escaños cambiaron fraudulentamente de color ante la pasividad de Manuel Azaña y la presión de la calle en las elecciones que ganó el Frente Popular en febrero del 36.

Los discursos políticos contra los jueces se tradujeron en insultos, manifestaciones, huelgas, quema de juzgados e incluso atentados contra los funcionarios tanto por parte de la izquierda como de los falangistas. La peor parte la sufrieron los jueces municipales que estaban muy implicados en la vida local y, por tanto, expuestos a las venganzas tras el cambio político en las controvertidas elecciones.

A mediados de abril, un preso amnistiado atentó contra el juez de la localidad navarra de Cárcar por haberle procesado en el pasado y poco días después, un juez de Moneva falleció tras una tensa reunión en el ayuntamiento. A nivel más elevado, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Manuel Pedregal, fue asesinado por pistoleros falangistas molestos con una sentencia reciente en ese mismo mes. A su vez, el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla, Eugenio Eizaguirre, salvó la vida gracias a que sus escoltas repelieron el fuego por parte de un extremista de la FAI que también se había beneficiado por la amnistía postelectoral.

No es de extrañar que jueces como Eduardo Capó Bonnafous, titular del Juzgado de Primera Instancia de Huéscar (Granada), se armara con un revólver para hacer sus visitas más comprometidas. Los procesos de instrucción se convirtieron en batallas campales donde cada bando trataba de inclinar a su favor las decisiones y obstaculizar cada fase cuando el resultado no era de su agrado. Así fue el caso en esas fechas de las protestas de grupos socialistas y comunistas en Coín, Málaga, con envío de un telegrama al Gobierno exigiendo la «destitución fulminante del juez» porque este había detenido «arbitrariamente» a tres obreros siguiendo «órdenes fascistas». Si no les hacían caso, amenazaban con prolongar de manera indefinida una huelga general y ahogar la economía local.

La izquierda republicana que presidía el Gobierno no mostró tanta belicosidad verbal ni física contra los jueces, pero, dada su dependencia hacia el PSOE, que era la fuerza con más representantes en el Frente Popular, se vio obligada a conceder ciertos avances para el control de la justicia. El más determinante fue la aprobación el 16 de junio en las Cortes de una ley que creaba un tribunal especial, conformado en su gran mayoría por ciudadanos ajenos a la carrera judicial, para exigir responsabilidades civiles y criminales a todos los jueces que no fueran leales a los principios republicanos.

«Querían que estos integrantes externos tuvieran una connotación claramente social y política, siendo representantes de lo que llamaban las asociaciones patronales y profesionales, que fundamentalmente venían a ser, se supone, las asociaciones obreras. Esto habría supuesto una vuelta de tuerca en el control gubernativo de la actuación de algunos altos magistrados y una cierta tutela ideológica para guiar a jueces y fiscales por los principios republicanos», señala este catedrático, que aprecia muy peligroso en un contexto de exclusión como el que se estaba viviendo el determinar quién era leal y quién no a la República.

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La pregunta que aún falta por resolver es qué pasó con los jueces señalados por la izquierda tras el estallido de la Guerra Civil solo unos meses después. Si bien existen trabajos específicos de cómo afectó la represión de ambos bandos a grupos como los religiosos, los militares o los profesores, en el caso de los jueces falta una investigación de fondo que ponga cifras al horror y muestre qué jueces ejercieron su labor después del conflicto. «No conozco datos exactos y no podemos saber si fue un grupo especialmente amenazado. Tengo la sensación de que les tocó vivir lo mismo que a otros muchos funcionarios. Es decir, que según sus adscripciones y según el contexto en el que trabajaron sufrieron una suerte u otra», asegura el historiador. Una vez hecha la declaración de estado de guerra, muchos empezaron a actuar como jueces de designación especial o en tribunales de guerra.