La masacre de la nobleza española en la Guerra Civil: de las cunetas al olvido

Miseria, heroicidad en algunos casos, picardía y crudeza forman parte de una historia que no se ha abordado de manera profunda, la de los nobles que fueron perseguidos durante la Guerra Civil y nunca han tenido quien los escriba. «Es una asignatura pendiente, pues los mártires sí han tenido defensores por la Iglesia y los políticos por los suyos. Como los nobles estuvieron perseguidos durante el Franquismo, nunca se ha intentado recuperar la figura de las víctimas de la guerra ni luego interesó sacar esta historia en la Transición, donde primó el olvido», explica el historiador Enrique García Hernán, que en su reciente biografía del XVII Duque de Alba esboza parte de ese drama. El aristócrata, cabeza de las grandes casas, no solo vio incendiado el Palacio de Liria y sus tesoros, también perdió a un hermano en Paracuellos por razones que nunca logró entender.

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El único estudio serio que se ha dedicado a los aristócratas durante la contienda lo firmó el Marqués de San Juan de Piedras Albas basándose en una historia oral sin acceso a la Causa General. El suyo y un monográfico publicado hace pocos años por Alfonso Bullón de Mendoza en la Universidad San Pablo-CEU dibujan con brocha general el ocaso de un grupo incómodo para ambos bandos. Tanto Azaña, que denunció a los grandes de España por «sostener» al anterior régimen monárquico, como Franco, que los calificaba de «parásitos», coincidían en su aversión hacia un nobleza condenada a la extinción.

A la espera de encontrar más víctimas, Bullón de Mendoza calcula que perecieron 177 titulados (140 de ellos asesinados y 28 cayeron en combate), que suponían alrededor del 10% de toda la nobleza española y la mayor desaparición de un estamento en toda la edad contemporánea. Los aristócratas, aún tambaleantes tras las expropiaciones de tierras de la Segunda República, lo vivieron literalmente como el fin de su mundo, de la civilización misma. «La Diputación de la Grandeza tuvo que poner orden tras el caos donde cada cual se tituló como quería y se usurparon títulos a diestro y siniestro. Hay una gran cantidad de preguntas abiertas. Es de un gran interés científico saber, por ejemplo, si hubo una reacción conjunta como corporación, si se comunicaron entre ellos o si se sintieron abandonados por el Rey», plantea García Hernán.

Las leyes de la república no negaron los títulos de la «desaparecida grandeza», como solían referirse a ellos los políticos de la época, sino su uso en la esfera pública. Cuando estalló la guerra, muchos se vengaron involucrándose en el golpe de Estado, ya fuera luchando en el campo de batalla, aportando dinero o usando sus contactos internacionales en favor del bando nacional; pero otros, igualmente masacrados, no mostraron afiliación alguna o incluso una decena sirvió en el bando republicano. Así lo hizo el Vizconde consorte de Brías, en contra de la opinión de su mujer, o el Marqués de Oroquieta.

Tras el conflicto, Franco mantuvo el vacío legal sobre su posición hasta que, en 1948, optó por reconocer de nuevo los títulos para apaciguar las conspiraciones monárquicas. A lo que no renunció el régimen fue a cargar durante sus discursos contra la imagen tópica de la casta aristocrática como un freno al desarrollo del país y un recurrente nido de conjuras. A diferencia de las matanzas que tienen como protagonistas a religiosos, militares o activistas, los sucesos más oscuros en torno a la aristocracia permanecieron allí, en las sombras.

Un ejemplo de la desidia franquista con esta tragedia es lo poco divulgado que fue incluso entre las filas de quien ganó la guerra el suceso del Túnel de Usera, donde falleció buena parte de la aristocracia y las grandes fortunas madrileñas, entre ellos el Marqués de Fontalba y su hijo Pepe Hoces y Cubas; dos hijos del Marqués de Urquijo; el Marqués de Peramán, el Marqués de Fontanar o el decimotercero Marqués de Casa Estrada.

La matanza la idearon los mandos y el comisario político de la 36ª Brigada Mixta, responsables de la defensa de la línea del frente de Usera, para sacar mediante engaños a decenas de refugiados de las embajadas del Madrid republicano. Una manera agresiva de terminar con el uso indiscriminado del asilo diplomático por parte de los madrileños represaliados. «La formación de un gobierno liderado por el socialista Largo Caballero tensó extraordinariamente la situación con las embajadas, pues se mostraron totalmente opuestos a la generosidad del asilo diplomático, al que calificaron de abuso, poniendo todas las trabas posibles», asegura el catedrático Antonio Manuel Moral Roncal, autor de la obra 'Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil española' (2006), que cifra en más de 11.000 personas, muchos de clase media, las que se refugiaron bajo pabellón extranjero en estas embajadas. Los delegados recordaron la labor humanitaria de Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial y no dudaron en acoger el máximo número de familias posibles.

No fue el caso del representante finlandés, que cerró su legación en Madrid y dejó responsable a un pícaro español llamado Francisco Cahero, que en nombre suyo refugió en varios pisos madrileños a entre 400 y 600 personas por una módica cantidad de dinero que luego usaba para que los milicianos hicieran la vista gorda. El arreglo funcionó hasta que la codicia rompió el saco… «Julián Chamizo, el portero del edificio, puso en contacto a refugiados con mandos anarquistas para que les pasaran a la España nacional, los cuales pagaron por su evacuación clandestina y nunca se les volvió a ver, no pasaron al otro lado, por lo que se supone que los anarquistas los asesinaron tras salir de los pisos. Uno de esos falsos lugares donde les decían que iban a pasarles era Usera», relata Moral Roncal.

Entre octubre y noviembre de 1937, refugiados selectos de esta y otras embajadas y escondites fueron llevados al sótano de un pequeño hotel en la calle Alfonso Olivares de Usera, donde fueron torturados, ejecutados y enterrados por agentes comunistas en fosas organizadas con este fin. «Nos han preparado una encerrona y traído a esta casa con otros quince más. Espero nos matarán. Sea la voluntad de Dios», escribió Manuel Toll Messía, Conde de Casalla del Río, con la hebilla de su cinturón en una pared de yeso de este museo de los horrores.

Los forenses identificaron 67 cadáveres en estas fosas, la mayoría muertos a consecuencia de disparos de arma de fuego, si bien algunos de ellos presentaban síntomas de asfixia o de estrangulación. Solo 36 personas pudieron ser identificadas, muchas de sangre noble, por sus familiares e inhumados en lo que hoy es una cripta de los sótanos del colegio Nuestra Señora de la Providencia sobre cuyo techo juegan los niños al balón.

«No hemos tenido nunca un particular interés en ir allí. Los restos de mi abuelo están enterrados en Torrelaguna, que era donde tenía su casa y donde le trasladaron desde Usera. Mi padre perdió a su padre con siete años y mi abuela quedó viuda con cuatro hijos y una posguerra muy dura por delante, pero son circunstancias con las que hay que vivir en la cabeza», afirma Luis San Gil Cabanas, nieto del Marqués de Peramán, cuya familia nunca pudo esclarecer las razones por las que mataron a su ancestro: «A mi abuelo lo engañó alguien que conocía y le llevó un taxi hacia Usera para asesinarlo. No tenía ninguna significación política. Era ingeniero de caminos y tenía un perfil monárquico, digamos, sin estridencias». Como a él, a la gran mayoría no los mataron por su condición de aristócratas sino por su ideología monárquica o simplemente para quedarse con sus objetos de valor.

Para familias que viven de ensalzar la memoria de sus antepasados, ocupados en grandes empresas medievales, no es tarea grata hablar de cunetas y esqueletos. «Siento que es un tema al que no se le ha dado casi peso en ochenta años. Fue algo tan traumático que generó un silencio en toda esa generación de nuestros padres, que no querían hablar porque preferían estar tranquilos y pasar página. Mi madre y mi tía consiguieron escapar de Madrid, pero a mi abuelo y un primo les devolvieron a la retaguardia donde se refugiaron en embajadas y finalmente se les perdió el rastro. No fue hasta que terminó la guerra cuando ellas supieron lo que había ocurrido», narra Javier Cobián Cubas, nieto del Marqués de Fontalba fallecido en Usera.

Sin levantar mucho polvo ni hacer ruido, los familiares reclamaron que se investigara lo sucedido, pero como todo lo contenido en la Causa General las pesquisas se centraron más en el ajuste de cuentas que en la búsqueda de la verdad. «La Causa General franquista fue juez y parte, de modo que como fuente histórica es, también en este horrible caso del Túnel de Usera, sesgada y deficiente», defiende el investigador Rafael Torres, autor de la importante obra 'Desaparecidos de la Guerra de España (1936–¿?)'. El episodio fue guardado con llave en la memoria.