Las dos Españas antes de la Guerra Civil: el falso mito del pueblo unido que luchó contra Napoleón

Sin embargo, pocas veces se menciona que ya durante la Guerra de Independencia existió esa división entre los españoles, más de un siglo antes del conflicto fratricida de 1936. Lo cierto es que, más allá del mito, ni el pueblo fue una piña en su lucha contra el invasor francés, ni todos estaban en contra de Napoleón, ni los combates discurrieron igual en unas zonas que en otras, ni todos los guerrilleros tenían los mismos objetivos ni las élites estaban de acuerdo sobre el régimen político a apoyar. La guerra que arrasó el país entre 1808 y 1814 figura entre los periodos más marcados por los tópicos y las versiones políticas interesadas.

No obstante, son muchos los historiadores que coinciden hoy en que España se dividió más que nunca en dos entre absolutistas y liberales, entre Ejército regular y guerrillas y, sobre todo, entre los afrancesados ‘traidores’ y los patriotas que se lanzaron a la calle para expulsar a los galos. Estos últimos, por supuesto, siempre recibieron más atención en la literatura española y tuvieron mejor prensa. Así describía Galdós el levantamiento del 2 de mayo, en sus ‘Episodios Nacionales’ , a finales del siglo XIX: «No se oían más voces que ¡armas, armas, armas! Los que no vociferaban en las calles, vociferaban en los balcones. Y si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la artillería todos fueron actores».

En ese momento, el Gobierno llamó a filas a sus ciudadanos y consiguió reunir a 30.000 hombres, la gran mayoría de ellos milicianos sin ninguna experiencia en combate. Pero no todo el pueblo estaba dispuesto a levantarse contra el invasor ni veía con malos ojos entrar a formar parte del imperio napoleónico que les estaba conquistando. La división se había manifestado unos años antes, con la crisis de la Monarquía a principios del siglo XIX. El vertiginoso ascenso de Manuel de Godoy, favorito de Carlos IV y María Luisa de Parma, había puesto en entredicho la moralidad pública y privada de la Familia Real. La sospecha de que el monarca pretendía hurtar la Corona a su legítimo heredero, el futuro Fernando VII , para dársela a este provocó el Motín de Aranjuez en marzo de 1808.

Esta insurrección popular, acaudillada por unos cuantos aristócratas, obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo. Bonaparte, sin embargo, tenía otros planes y aprovechó la coyuntura para atraer al nuevo Rey a Bayona y, una vez allí, le obligó a devolver la Corona a su padre. El emperador francés no solo se salió con la suya, sino que, una vez iniciada la Guerra de la Independencia, consiguió que este pusiera el trono a su disposición. La jugada maestra se consumó cuando el gran corso nombró Rey de España a su hermano José, mientras que Fernando VII era recluido en el castillo de Valençay y sus padres y Godoy, enviados al exilio.

Después de aquella traición por parte de los Borbones, no es de extrañar que un sector de la población aceptara de buen grado la posibilidad de un cambio dinástico. Algunos lo hicieron por convicción, pues creían que con Napoleón y bajo el abrigo de la potencia gala les iría mejor. Entre ellos se encontraban los herederos intelectuales de la Ilustración –que basaban el progreso en el dominio de la razón–, así como una buena parte de los nobles, eclesiásticos y terratenientes partidarios del régimen absoluto, que querían asimismo evitar el enfrentamiento bélico con Francia.

Entre ellos se encontraba el insigne dramaturgo y poeta español Leandro Fernández de Moratín , que cuando José I Bonaparte prometió que iba a garantizar los «derechos individuales de los ciudadanos» y respetar «la independencia de España», escribió: «Espero de José I una extraordinaria revolución capaz de mejorar la existencia de la monarquía, estableciéndola sobre los sólidos cimientos de la razón, la justicia y el poder». A él se sumaron un buen número de clérigos, miembros de la nobleza, militares, juristas, periodistas y escritores como Juan Meléndez Valdés, Pedro Estala, Juan Antonio Llorente, José Marchena y Félix José Reinoso.

La otra España estaba formada por una gran parte de los españoles de clase baja, que se levantaban en armas contra las tropas bonapartistas, mientras el nuevo monarca trataba de iniciar una reforma política y social encaminada a recortar el poder de la Iglesia y la nobleza en favor de la burguesía. El Estatuto de Bayona, promulgado en julio de 1808, y redactado por los afrancesados más ilustres, se esforzó en destacar el alcance de aquellas transformaciones en ámbitos como la enseñanza, el derecho o la religión. En este sentido se llevaron a cabo importantes medidas como la igualdad contributiva o la desamortización de los bienes de conventos.

La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que parece, pues había un pequeño grupo de personajes importantes, como Goya y el también escritor y político Gaspar Melchor de Jovellanos, que sufrieron lo indecible al situarse a medio camino entre ambas posturas, entre medias de la simpatía que sentían por las ideas reformadoras de los franceses y su condena por los abusos que estaban cometiendo los ocupantes. Querían para España las ideas de los conquistadores, pero habían sido testigos del engaño perpetrado con el Tratado de Fontainebleau, según el cual Napoleón había obtenido permiso del Rey para atravesar el país de forma pacífica con más de 110.000 soldados, con el supuesto objetivo de conquistar Portugal, pero lo había aprovechado para conquistar, por sorpresa, todas las ciudades que encontraron a su paso.

Estas dos Españas siguieron enfrentadas durante y después de la guerra. Durante la Cortes de Cádiz de 1812, una gran parte de los afrancesados fueron incapacitados para desempeñar cargos públicos por su «colaboración con el enemigo». Cuando se empezó a atisbar la derrota de Napoleón y José Bonaparte en 1813, la situación de estos empeoró todavía más, hasta el punto de que Fernando VII organizó caravanas enteras para que se marcharan de España con destino a Francia. En total, salieron 12.000 de estos ‘traidores’ después de la humillación sufrida por los galos en la batalla de Vitoria .

La experiencia de los que decidieron quedarse al final de la guerra, cuando el hermano de Napoleón ya había abandonado España, fue terrible. El pueblo los tenía señalados y fueron denunciados, insultados por las calles y hasta linchados públicamente. Las prisiones se llenaron de afrancesados y el Gobierno hasta tuvo que acondicionar una parte del parque del Retiro como cárcel provisional. El odio profesado contra todo aquel que fuera mínimamente sospechoso de haber participado o apoyado al invasor fue enorme.

Entre los que se tuvieron que ir a Francia existía la idea de que pronto podrían regresar a España. Corría el rumor de que, en las conversaciones de paz entabladas entre el duque de San Carlos en nombre de Fernando VII y el embajador La Forest, por Napoleón, se había acordado que estos podrían recuperar su condición civil, sus posesiones y sus cargos a pesar de haber luchado en el bando francés. Hasta que llegara ese momento, aguantaron como podían, concentrados en la región de la Gironda, con el apoyo de una pequeña cantidad de dinero aportada por el Gobierno de París a modo de compensación por los servicios prestados.

La España que simpatizó con los franceses no se imaginó que la represión que desataría contra ella el nuevo Rey sería aún peor. Muchos ministros, consejeros de Estado, políticos, altos cargos de la Iglesia, nobles, militares y embajadores que habían colaborado con la familia Bonaparte serían expatriados de manera perpetua. En total, otras cinco mil personas más. Y la otra, intentó curarse las heridas y empezar de nuevo.